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Comercios, hostelería, empresas turísticas, culturales, feriantes, todos los sectores afectados por las restricciones acordadas por el Gobierno de Andalucía en este momento de la pandemia vienen pidiendo desde hace tiempo ayudas directas a fondo perdido para que las empresas resistan y sobrevivan a esta crisis.
La realidad que viven empresas y autónomos es evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara. La pandemia ha dejado una sucesión de persianas bajadas en las calles. La imagen es desoladora; detrás de cada una de esas persianas, hay personas que pusieron sus ahorros o que se endeudaron para poner en marcha un negocio al que han dedicado incontables horas y esfuerzo.
La situación es dramática y resulta evidente para cualquiera, salvo para el Gobierno de la Junta de Andalucía, más preocupado por polemizar o pelearse con el Gobierno de España que por dar respuestas para hacer frente a la pandemia y sus efectos. Y digo esto con tanta claridad porque, en un año devastador para la economía andaluza, el Gobierno de Moreno Bonilla ha cerrado las cuentas con un superávit de 847 millones de euros de saldo positivo en el banco. Con la que está cayendo, resulta inmoral guardar debajo del colchón 847 millones de euros de los andaluces, en lugar de inyectarlos en el bolsillo de una sociedad que pasa por graves dificultades.
A ese superávit hay que sumar otros 826 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido al de Andalucía para que se ayude expresamente a las empresas y negocios cuya actividad ha caído por los efectos de la pandemia.
Con todo ese dinero, el del superávit y el recibido para ayudar directamente a las empresas, el Gobierno de Andalucía debería tener ya en marcha un ambicioso paquete de ayudas directas para salvar al tejido económico. Sin embargo, Moreno Bonilla mantiene el grifo cerrado y aún no ha hecho llegar ni tan siquiera esos 826 millones de euros que le ha dado el Gobierno de España para quienes llevan meses sin facturar o viendo cómo cae su facturación o para quienes han tenido que cerrar sus negocios.
En el trabajo de amortiguar los efectos de esta terrible crisis, el Gobierno central lleva haciendo su parte desde hace un año. El escudo social desplegado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que más de 33.000 trabajadores almerienses se hayan podido acoger a un ERTE, manteniendo unos ingresos mensuales para sacar adelante a sus familias. Asimismo, más de 20.000 autónomos han accedido a prestaciones extraordinarias para compensar la pérdida de facturación o los cierres. El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 13.000 personas, junto a diversas medidas más, también de carácter fiscal, para numerosos sectores y colectivos, incluida la agricultura, que han supuesto una inyección de oxígeno de más de 400 millones de euros en Almería desde marzo pasado hasta hoy.
El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo su trabajo, además de transferir dinero a las comunidades autónomas para que hagan el suyo. La Junta de Andalucía dispone de 1.700 millones, entre el dinero que le ha enviado Pedro Sánchez para ayudar a empresas y el superávit. Por lo tanto, no haber puesto en marcha ya esas ayudas directas ha sido fallarles a los almerienses, como también lo es que el Ayuntamiento de Almería o la Diputación no le hagan esa exigencia a la Junta. Nosotros esta semana le hemos pedido a Moreno Bonilla que, de esa cantidad, dedique más de 100 millones de euros a ayudar a las empresas y autónomos almerienses. No hacerlo, no arbitrar las medidas que necesita nuestro tejido productivo, supondría un nuevo agravio para Almería, una provincia muy castigada ya por el Gobierno de Moreno Bonilla.
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