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El Grupo Ecologista Mediterráneo ha pedido al Ayuntamiento de El Ejido, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Policía Autonómica y al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil que impidan la destrucción de uno de los humedales situados en el entorno de La Cañada de Las Norias, concretamente la Charca Sotomontes, próxima a Matagorda, en el municipio de El Ejido, antes de que los vertidos de tierras y de todo tipo de residuos acabe con una de las zonas más fértiles de reproducción de varias especies de aves, varias de ellas en grave peligro de extinción.
Una denuncia que no es nueva, ya que una similar fue presentada y registrada hace unos meses y dio lugar a una reunión de urgencia en el Ayuntamiento ejidense, de la que salió el compromiso de poner fin a esa actividad destructiva y de ejercer una labor de vigilancia y tutela de la Charca Sotomontes ante la amenaza que supone para la avifauna y para la riqueza biológica y ornitológica que alberga.
En una visita realizada a la zona en la última semana se ha podido comprobar que, lejos de acabar con ese proceso de degradación, éste se ha intensificado agravando una situación ya de por sí muy precaria. La Charca está rodeada de invernaderos, pero ha sido capaz de seguir cumpliendo su función biológica. Sin embargo, los promotores de dicha destrucción siguen arrojando tierra, escombros y probablemente otros tipos de residuos tanto sólidos como líquidos, habiendo destruido ya más de la mitad de este espacio natural sin que, que se sepa, se haya actuado contra ellos atendiendo a la realización de actividades contrarias a la ley y al medio ambiente.
Desde el GEM se vuelve a cuestionar la verdadera vocación de instituciones como el Ayuntamiento de El Ejido o la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, porque “a sus responsables se les llena la boca hablando de la importancia de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, pero cuando ocurren sucesos como este que volvemos a denunciar no se ponen en marcha los mecanismos legales y punitivos que deberían evidenciar ese compromiso que, mucho nos tememos, es más de boquilla que de convencimiento de la necesidad de mantener un entorno apto para la vida del hombre y de las especies animales y vegetales”.
En su denuncia ante las instituciones antes citadas el grupo ecologista almeriense recuerda que en La Charca Sotomontes habitan y se reproducen, entre otras muchas aves, varias especias en peligro de extinción como la Malvasía cabeciblanca, la Garcilla cangrejera o la Cerceta pardilla, protegidas por ello tanto por la legislación andaluza (Decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats), la normativa nacional (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas del Ministerio) y la de la Unión Europea, que incluyó estos humedales ejidenses Hábitat de Interés Comunitario (1430-Hábitat UE. 6220-Hábitat prioritario).
La irresponsable inacción por parte de las administraciones local, autonómica y central están permitiendo que lugares como este, teóricamente protegidos por las normativas autonómica, central y europea, sean agredidos sin que ello suponga una actuación de urgencia y con la contundencia necesaria para frenar de una vez por todas unas prácticas que pueden suponer la desaparición de especies.
Desde el GEM se advierte que los mensajes que se intentan hacer llegar a los mercados y a los consumidores españoles y europeos sobre el supuesto respeto del sector hortofrutícola almeriense y ejidense al medio ambiente; las palabras grandilocuentes sobre la sostenibilidad de su modelo agrícola quedan vacías de contenido ante hechos de esta naturaleza. No se puede esconder eternamente la realidad de una permisividad que acaba por pasar factura a la credibilidad de ese tipo de afirmaciones, mientras se hace la vista gorda ante hechos de la gravedad del que denunciamos.
Es hora de dar una respuesta que no deje lugar a las dudas sobre el compromiso y sobre la responsabilidad de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de unas normas que ellos mismos aprobaron. Y una respuesta urgente porque el proceso de destrucción de este tipo de humedales es galopante.
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