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La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) se muestran preocupados y alertan de la falta de transparencia en ciertas contrataciones menores de servicios de comunicación, información y de prensa o similares que realizan directamente o licitan de forma unilateral las administraciones locales (municipios, mancomunidades o diputaciones).
En este tipo de contrataciones acusamos que muchos de los organismos contratantes (hay casos en los que se ha hecho bien), tras una justificación banal:
- realizan convocatorias exclusivas a través de los tablones de anuncios electrónicos, sin usar ningún otro medio de difusión amplio, a fin de que el anuncio / convocatoria llegue con facilitad a los sectores a los que va destinado, en este caso de la comunicación y del periodismo (colegios y asociaciones profesionales, entre otros);
- en las condiciones o requisitos se saltan el que el autónomo o la empresa contratada ponga a disposición del servicio a profesionales debidamente titulados, licenciados o graduados;
en ocasiones, se dirigen directamente a la persona física o jurídica que les interesa contratar, sin escrúpulos, y con esa sola oferta requerida decretan la concesión del contrato de servicio;
- otras veces, establecen la contratación con empresas o profesionales que no tienen la más mínima estructura o preparación para ello;
- en las bases que establecen abusan de la precariedad y exigen una serie de imposibles por cantidades irrisorias que no llegan ni al salario mínimo, una vez restados impuestos y seguros sociales o de responsabilidad civil.
Este tipo de contratos menores, en general, tienen un uso excesivo e injusto y son una auténtica válvula de escape para hacer y deshacer a su antojo quienes gobiernan o están al frente de dichas administraciones.
La Ley de Contratos del Sector Público permite contrataciones menores de servicios y suministros por un valor estimado inferior a los 15.000 euros, no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse y podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario o profesional autónomo con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación. En el caso de los servicios de comunicación o de prensa se debe exigir la titulación, licenciatura o grado, a quienes vayan a tener dicha responsabilidad, una vez concedido el servicio. Las condiciones que hay establecidas se prestan a la falta de transparencia y al principio de igualdad de oportunidades.
Algunas administraciones locales han aprovechado estas circunstancias para por decreto realizar contrataciones menores de Servicios de Información y Comunicación de áreas, departamentos o secciones de su competencia con unas condiciones y exigencias abusivas, y con una precariedad absoluta (12.000 euros, más 2.520 euros de IVA, hacen un total de 14.520 euros, por un año); resolviendo por decreto la concesión a una sola oferta que se ha pedido y presentado, quedando así reflejado en la propia resolución administrativa. Tal es la falta de transparencia que en prácticamente 9 días todo está resuelto y publicada la contratación: presentación de solicitud a petición de la administración, informe técnico de justificación y propuesta de concesión con una única oferta que tiene, por supuesto, valoración favorable; y, decreto de adjudicación.
Desde el CPPA y la AP-APAL, reiteramos el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística presentado en Sevilla el 4 de marzo de 2017 y apostamos por la creación de puestos específicos de periodistas en las administraciones públicas, que se cubran por concurso – oposición libre. Y, en caso de no poder ser, que las licitaciones de contratos de servicios de prensa, información o comunicación sean transparentes y se atengan a los principios de igualdad, dignidad, máxima difusión y abierto a todo el sector para lo que la asociación y el colegio se prestan a colaborar tratando de que las convocatorias lleguen al mayor número de profesionales o empresas especializadas. Todas las partes saldremos ganando.
De igual manera, la AP-APAL y el CPPA estarán atentos a cualquier convocatoria que no reúna los requisitos de transparencia, dignidad en las condiciones, e igualdad de oportunidades, sin favoritismo ni discriminaciones y, mucho menos, eligiendo a dedo a quien hace favores o ya tiene algún vínculo con la administración a la que va a servir, como ha ocurrido en algún caso almeriense. Velaremos porque las convocatorias sean claras, justas e igualitarias.
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