A pesar del marketing triunfalista de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras (IIPP) en la gestión del Covid-19 dentro de las prisiones, sigue existiendo un riesgo muy elevado. El coronavirus ha golpeado con fuerza al colectivo profesional, con casi el 8% de la plantilla contagiada y 6 fallecimientos entre el personal penitenciario vulnerable
|
|
|
| PUBLICIDAD
|
Durante esta pandemia, el personal penitenciario ha sido considerado “personal esencial” en los diferentes protocolos de prevención del virus y en la estrategia de vacunación establecida por el Gobierno. Sin embargo, esa consideración no ha tenido efectos prácticos reales, con la vacunación generalizada para evitar que el Covid-19 se instale en las prisiones. Con casi 21 millones de personas con al menos una dosis, la vacunación en Instituciones Penitenciarias está estancada por la falta de diligencia del Ministerio del Interior y la indiferencia de los servicios de salud de algunas comunidades autónomas. En estos momentos, en las cárceles solo tiene la pauta completa el personal sanitario y no en su totalidad.
El personal penitenciario menor de 55 años tiene una sola dosis (en prisiones como la de Albocasser falta por vacunar con la primera dosis a este grupo). El grupo de trabajadores y trabajadoras entre 55 y 60 años no está vacunado y el segmento de los de más de 60 está accediendo a la vacunación por los grupos de edad de las comunidades autónomas antes que por ser personal esencial y prioritario. Algo está fallando. Las prisiones son centros cerrados donde la enfermedad encuentra unas condiciones objetivas para el contagio del virus y superiores a las de la población general. Asimismo, la población reclusa tiene un alto porcentaje de patologías inmunodepresoras que la hace muy vulnerable. Y por parte de la población laboral sucede que está muy envejecida con las consecuencias que eso puede tener con el coronavirus.
CCOO defendió que a las prisiones se las incluyese dentro del grupo de sociosanitarios por estas razones de organización, hacinamiento, vulnerabilidad y envejecimiento, y que tuviesen un enfoque integral en la política de vacunación, haciéndolo a la totalidad de la población laboral y reclusa de cada centro al mismo tiempo. Este enfoque más operativo y seguro solo fue aplicado por Cantabria. Actualmente se está vacunado en algunas prisiones a la totalidad de la población reclusa sin criterio de grupo, y en ese mismo centro una parte numerosa de la población laboral está sin vacunar. Acabado el estado de alarma, Instituciones Penitenciarias pretende volver a la actividad en las prisiones como si el Covid-19 no existiese y la vacunación hubiera alcanzado el grado de inmunidad necesario, lo que sabemos es totalmente incierto.
CCOO somos conscientes que la prevención de riesgos es una asignatura que Instituciones Penitenciarias suspende año tras año, por eso somos unos de los departamentos de las Administraciones Estatales Europeas con mayor siniestralidad, pero consideramos una absoluta temeridad y falta de responsabilidad la pretensión del Ministerio del Interior de declarar una nueva normalidad, en una situación de total anormalidad sanitaria. Para CCOO la seguridad y la salud laboral no son negociables, se deben de garantizar a las plantillas, y no puede ser ninguna excepción el personal penitenciario.
Por ello exigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se preocupe y ocupe de la salud del personal penitenciario, gestionando diligente y urgentemente la vacunación integral de prisiones.
Desde el sindicato consideramos que, sin que se garantice la salud y la seguridad de todo el personal penitenciario, no se dan las condiciones para que regresen las actividades de las cárceles a una “nueva normalidad”.
CCOO
|
