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El pasado 27 de julio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó un informe sobre las 54 auditorías que se han realizado sobre el llamado sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Unas auditorías que responden al compromiso que tuvieron que asumir el Partido Popular y Ciudadanos para que Vox apoyara la investidura de Juan Manuel Moreno. Ese partido de extrema derecha siempre ha defendido que hay que desmantelar este sector por carecer de utilidad pública y ser simplemente un nido de «chiringuitos» al servicio del PSOE y los tres partidos esperaban que esas auditorías fueran la prueba fehaciente de ello.
Sin embargo, una vez realizadas, resultó que sus conclusiones no eran ni mucho menos las que la derecha andaluza esperaba encontrar.
En un artículo anterior (El bluf de las auditorías del gobierno andaluz) mostramos que el propio informe presentado por el gobierno indica con claridad que las irregularidades que la derecha andaluza venía denunciando como generalizadas en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía se daban, en realidad, con mucha menos gravedad y extensión de las previstas.
Así -insistimos, según el propio informe del gobierno- sólo se encontraron duplicidades en 20 de los 54 entes auditados, se recomendaba que se extinguieran uno o dos de ellos, según como se interprete lo que indican las auditorías, y «cambios leves» en 13 de ellos, mientras que tan solo de tres se decía que carecen de utilidad o beneficio público.
El gobierno de la derecha andaluza podría haber asumido estos resultados con realismo y autocrítica por sus exagerados vaticinios, e incluso felicitándose porque los andaluces empleados en esos entes consiguen que la gran mayoría de ellos funcionen con problemas que no son realmente muy diferentes de los que pueda tener la administración general, o las empresas privadas que tantas veces y no siempre con razón se ponen como ejemplo. Pero no lo hizo. En lugar de ello, ha preferido mantener sus prejuicios previos y presentar un informe y hacer unas declaraciones cargados de nuevas exageraciones y mentiras que rápidamente han reproducido los medios de comunicación.
El engaño del gobierno andaluz es fácil de probar, simplemente cotejando las expresiones del informe y las declaraciones del vicepresidente Juan Marín con lo que efectivamente dicen las auditorías que han sido publicadas.
El gobierno dice en su informe que en el sector público instrumental andaluz hay un «caos organizativo» y un «engorde artificial de la administración», expresiones que no se encuentran en ninguna de las auditorías publicadas. Tampoco están allí, ni en el propio informe de la Junta, las expresiones que el vicepresidente de la Junta utilizó para presentar sus conclusiones: «gastos innecesarios», «inoperancia», «superestructura desproporcionada», «red clientelar», «superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades».
El gobierno andaluz se ha inventado esa descripción del estado en que se encuentra el sector público instrumental que ha sido auditado. Es cierto -como veremos en otro artículo próximo- que en algunas auditorías se habla de «deficiencia de gestión», pero lo hace en muy pocos casos y siempre refiriéndose a aspectos concretos (ejecución de proyectos, uso de herramientas de planificación, inversiones en sociedades participadas…) y no con carácter general. Y algo parecido se puede decir de las duplicidades encontradas pues, como señala el propio informe del gobierno, ni son generalizadas ni tan graves como se dice; lo mismo que ocurre con los problemas de sueldos o gestión de recursos humanos, solo señalados por las auditorías en algunos casos concretos.
En nuestro artículo anterior ya dijimos, y lo reiteramos ahora, que el hecho de constatar la exageración y las mentiras del gobierno andaluz no quiere decir que le demos poca importancia al hecho de que haya una minoría de casos con mala gestión, ineficiencia o sobrecostes. Hemos defendido siempre que la administración del dinero público debe estar sometida a un control estricto, ser plenamente transparente y siempre eficaz y eficiente hasta el último euro utilizado. Por tanto, nos alegramos de que se hayan realizado auditorías y de que, por fin, se ponga sobre la mesa la reforma profunda de nuestra administración pública autonómica (aunque no creamos que esas auditorías se han hecho correctamente, un asunto del que hablaremos en otra ocasión). Pero reclamar reformas de calado es una cosa y otra presentar el problema con una naturaleza que no tiene, hacer trampas en el planteamiento y engañar a la gente con la intención oculta de alcanzar unos objetivos bien distintos a los que se dice perseguir, tal y como ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía.
Las consecuencias de estas mentiras son, por lo menos, dos muy claras y evidentes.
Los medios y periodistas afines (esto es, los que a través de diferentes vías cobran de la Junta de Andalucía) se han hecho eco de lo que ha dicho el gobierno andaluz sin contrastar sus afirmaciones exageradas y difunden el engaño, confundiendo a la población.
Como muestra de esto valga solamente un botón. El conocido periodista y profesor universitario Teodoro León Gross comenzaba con las siguientes palabras su columna del pasado 1 de agosto en los diarios del grupo Yoly:
“Irregularidades en la contratación”, “se han cobrado muchos sobresueldos”, “caos organizativo”, “duplicidades de funciones y competencias”, “engorde artificial de la administración”, “sueldos por encima de la media del mercado”, “una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, “una agencia de colocación para otros entes”, “externalización frecuente”, “deficiencia en la gestión”… ahí queda, sintagma a sintagma, el retablo escandaloso levantado por Juan Marín, como anticipo de los seis mil folios que se cuelgan ahora en el Portal de Transparencia, expuestos en plena canícula como se exponían las cabezas de los ajusticiados en la picota de la plaza pública. Se han cerrado, finalmente, las auditorías de infarto de la “herencia recibida”.
Un juicio durísimo sobre el estado en que los gobiernos del Partido Socialista habrían dejado a la administración andaluza pero que tiene una pega fundamental: ninguna, absolutamente ninguna de esas expresiones entrecomilladas que sirven para condenar la antigua gestión del Partido Socialista, aparece en ni una sola de las auditorías. Como bien dice León, se cuelga en la plaza pública la cabeza del PSOE, la herencia recibida de sus gobiernos, pero habiéndolo ajusticiado previamente solo a base mentiras, las que él mismo reproduce y difunde sin pararse a comprobar la veracidad de sus afirmaciones.
La segunda consecuencia de la mentira no es menos evidente. Trasladando a la población esa idea falsificada de la realidad no solo se la pone enfrente de lo realizado por gobiernos anterior falseando la realidad, sino que se crea el clima que la predispone para que el gobierno lleve a cabo lo que, en realidad, se proponía alcanzar y que había hecho público antes de que se realizaran las auditorías, tal y como cándidamente reconoce el informe que venimos mencionando: llevar a cabo «una disminución generalizada de las entidades existentes».
Es legítimo que unos partidos tengan dudas sobre lo anteriormente realizado en el gobierno por otros adversarios y que sometan su herencia a evaluación. Incluso sería deseable que así se hiciera constantemente. Pero lo que no se puede justificar es que se reclamen auditorías y que, cuando sus resultados no son los esperados, se monte una campaña digna de los mejores tiempos de Goebbels para poder seguir manteniendo las acusaciones que la realidad ha demostrado que son inciertas.
Es también legítimo, por supuesto, que la derecha defienda los intereses de las empresas y grupos financieros privados que desean quedarse con servicios hasta ahora públicos y que, por tanto, defienda, como el gobierno andaluz, la mayor privatización posible, la «disminución generalizada» del sector público, repetimos, en palabras textuales de su informe sobre las auditorías. Pero defender esta estrategia mintiendo sobre las razones por las que quiere privatizar es deshonesto y ocultar a la población los costes y beneficios reales que la privatización pueda tener es un auténtico y antidemocrático fraude.
En el resto de las comunidades autónomas, en España en su conjunto y en otros países de nuestro entorno hay experiencias suficientes para sacar conclusiones sobre esas políticas de privatización. Tratar de llevarlas cabo sin debate social sobre sus resultados es una perversión de la democracia pero hacerlo a base de mentiras es mucho peor, una auténtica infamia que Andalucía no se merece.
No sorprende la actitud de Vox en este caso porque es un partido que no ha parado de mentir desde su creación, ni tampoco la del Partido Popular y Ciudadanos, pues sabemos que se dejaron caer en manos de la extrema derecha para poder gobernar. Sí resulta más chocante que los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos-Adelante Andalucía, no estén denunciando la campaña gubernamental y que no sean quienes reclamen un debate riguroso sobre las auditorías en sede parlamentaria, sin mentiras y a corazón abierto. Es la única forma de que Andalucía aproveche bien hasta el último euro y se descubran todas las irregularidades y problemas que puedan existir verdaderamente en nuestra administración pública, para depurar responsabilidades si las hubiera y tomar, con el mayor acuerdo posible y de una vez por todas, las decisiones que beneficien al mayor número de personas y empresas.
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