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Ante la nueva normalidad cararacterizada por fenómenos meteorolóticos cada vez más extremos y más frecuentes, y siendo Almería una de las zonas de mayor impacto del arco mediterráneo, Verdes Equo ha registrado una propuesta de moción dirigida a todos los grupos municipales a objeto de promover la constitución de la Asamblea Climática Ciudadana de Almería, resaltando la necesidad de que la misma tenga tanto la capacidad de ser consultada antes de adoptarse decisiones que modifiquen las estrategias, planes, propuestas, acuerdos y cambios normativos que se consideren necesarios para frenar la emergencia climática, como que al menos una vez al año la Asamblea se reúna de forma presencial, actuando como observatorio para valorar las políticas inplementadas, y contando con los recursos necesarios para realizar su labor.
La Asamblea se configura como un foro de participación ciudadana deliberativo para generar consensos (informe de recomendaciones) sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que son necesarias a objeto de alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050, y hacer un país más resiliente a los impactos del cambio climático de manera justa y solidaria, facilitando el debate y toma de decisiones a todos los niveles de la administración, y entre los actores sociales y económicos.
En la pasada legislatura, a iniciativa de los Verdes Equo, fue aprobada en plenario del Ayuntamiento de Almería una moción para la constitución de la Mesa por el Clima, entendida ésta como un espacio de trabajo multidisciplinar para ahondar en las medidas a corto, medio y largo plazo que permitieran hacer frente a la emergencia climática; dicho compromiso no se cumplió. Pero
la buena notica radica en que contamos con la declaración institucional del Ayuntamiento de Almería de Estado de Emergencia Climática promovida desde el ámbito ecologista, y con la aprobación de la primera Ley esjpañola de Cambio Climático y Transición Energética que, a pesar de ser insuficiente (solo contempla el 23% de reducción de emisiones para el 2030, muy lejos del 55% que reclama la ciencia, dejando intacta nuestra dependencia del gas fósil) contempla la creación de las Asambleas Ciudadanas para el Clima en todos los ámbitos: nacional, autonómico y local, siguiendo el ejemplo de otros países como Francia, Escocia, Irlanda o Reino Unido.
En declaraciones del coportavoz andaluz, Manuel Perez Sola, "....somos conscientes de que para hacer frente a la emergencia climática necesitamos todas las voces, y entendemos que la ciudadanía tiene que jugar un papel clave para evitar que los intereses de la economía basada en los combustibles fósil y contaminante, que nos ha traído a esta situación, una vez más, se impongan por encima del interés general, en una década vital para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, afrontando el mayor reto de la humanidad........."
La contundencia de la ciencia, y la presión social internacional, han enterrado el negacionismo climático, pero las políticas del "todo es verde y sostenible" que incumplen o rebajan los objetivos, alargan los tiempos en contra de los dictámenes científicos y la emergencia climática. De hecho, cinco años después de la Cumbre Climática de París el calentamiento global se muestra descontrolando ante la inacción política, siendo ésta el gran reto que afronta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow, y de cuyos resultados va a depender, en gran medida, la capacidad para hacer frente a las catástrofes, y al caos sanitario, social, económico y medio ambiental que está suponiendo su impacto, y que ponen en entredicho el futuro una juventud que califica de "Traición Climática" el fracaso de los gobiernos en la reducción de emisiones, puesto que siguen acelerando la crisis gastando miles de millones en combustibles fósiles, mientras el tiempo de reacción se nos acaba.
Justamente la celebración de la Cumbre se enmarca en una ola internacional de litigios climáticos por la inacción contra el cambio climático que vulneran los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. Más de 150 causas abiertas contra Gobiernos de todo el mundo, incluído el de España, por no seguir las recomendaciones científicas e inclumplimientos de los acuerdos establecidos para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 ºC (Acuerdo de París). En este sentido, son ejemplares las sentencias contra el Estado francés, de Países Bajos, y de las multinacionales de las energías sucias cono Shell y Total, enviando un claro mensaje "la inacción ante el cambio climático es ilegal y atenta contra los derechos humanos".
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