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El nuevo secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto «disminuir la retenciones en el impuesto de la renta» para devolver una parte de lo que se ha recaudado de más e «impactar esa inflación del 10%». Este argumento se trata de una auténtica barbaridad económica por las razones que voy a exponer muy sencillamente y dejando a un lado otras dos cuestiones secundarias. Una, que el PP pudo corregir los impuestos cuando gobernó para que la inflación no aumente la presión fiscal y no lo hizo; y, otra, que reducir las retenciones a cuenta del pago de un impuesto -como propone Feijóo- no equivale a bajarlo.
Como he explicado en otros artículos anteriores en este diario, la subida de precios tan elevada que estamos sufriendo es especialmente grave y difícil de frenar porque se produce como consecuencia de factores muy diferentes y cuyas posibles respuestas pueden neutralizarse entre sí.
Aunque cada uno de esos factores se da con más o menos intensidad en las distintas economías, la inflación actual tiene en todas ellas un origen multipolar: exceso de liquidez como consecuencia de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales de los últimos años; presión de la demanda tras la salida de los confinamientos; bloqueos de la oferta y carencias en los suministros de muchas materias primas o productos esenciales para la industria o la vida diaria; encarecimiento de la energía por razones específicas de ese sector y geopolíticas; falta de competencia que permite a muchas empresas subir injustificadamente los márgenes para obtener beneficios extraordinarios con precios más altos; agotamiento de recursos naturales; y, todo ello, agudizado por la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia.
Pues bien, bajar las retenciones o incluso los impuestos en general no solo no ayudaría a combatir las actuales subidas de precios sino que podría aumentarlas.
Es evidente que el componente de la inflación que pueda tener relación con el exceso de liquidez no se resuelve sino que empeora si se ponen más medios de pago en manos de los consumidores. Igualmente ocurriría con las subidas de precios que estén producidas por exceso de la demanda respecto a la oferta: serían todavía mayores al bajar los impuestos y provocar aumento del consumo privado. Tampoco hay que ser un lince para entender que las subidas de precios originadas por bloqueos en la oferta, por falta de competencia o por problemas de los sectores energéticos, de ninguna manera van a poder frenarse con menos impuestos sobre la renta de las personas físicas.
Frente a la inflación de raíz monetaria o de demanda lo que hace falta más bien son subidas de tipos de interés, para frenar la demanda de dinero, o de impuestos, para limitar la demanda de bienes y servicios. Otra cosa es que, ni una ni otra medida, sean oportunas ahora porque estas componentes monetaria o de demanda son mucho más débiles que las que tienen que ver con la oferta. Y porque, de tomarlas, se produciría una recesión inmediata pues las economías se vendrían abajo por la demanda, además de por la oferta.
Eso no quiere decir que haya que cruzarse de brazos. Hay que evitar que las subidas de precios se traduzcan en pérdida de poder adquisitivo en los grupos sociales más vulnerables o pérdida de eficiencia en las empresas, y para eso hacen falta ayudas, bien por la vía del gasto (mucho más fáciles por su inmediatez y simplicidad y de mejor impacto en la renta) o por la de los impuestos. Pero nunca indiscriminadamente.
Por otro lado, para enfrentarse a la subida de precios que viene producida por problemas de oferta, como he dicho, por bloqueos en las cadenas de suministro, por escasez de muchos productos o por el precio desbocado de la energía, sí es verdad que hace falta más gasto; pero no gasto en consumo, como generaría la rebaja de impuestos que propone el Partido Popular, sino gasto de inversión de las empresas y también del Estado, para diversificar y desbloquear la oferta y encontrar cuanto antes nuevas fuentes de suministro con precio más reducido.
Por tanto, también en este caso se justifican las ayudas (por la vía del gasto con subvenciones o mediante bajada de impuestos) a las empresas capaces de llevar a cabo esas inversiones y, por supuesto, el mayor gasto inversor del Estado. Para ambas cosas urgentes se necesitan más ingresos públicos, no menos.
En la situación inflacionaria en la que estamos, desarmar al Estado disminuyendo sus ingresos es un error de libro, una barbaridad que provocaría muchos más problemas de los que ya tenemos. Hay que estudiar la reforma de los impuestos para que la inflación no aumente la presión fiscal por la puerta de atrás ni acabe con su ya de por sí deteriorada progresividad, y hay que dar ayudas y bajar impuestos a quien más lo necesite por razones de equidad o para favorecer las inversiones imprescindibles. Pero es en los momentos de mayor dificultad, como ahora, cuando es más importante que nunca la cooperación, la disposición de recursos comunes para hacer frente a los riesgos más elevados y que cada cual contribuya en la medida de su capacidad a financiarlos. Y es justo para eso para lo que sirve el sistema fiscal.
Para finalizar, cabe una reflexión final. Una propuesta tan descabellada como esta que ha hecho Feijóo no se hace por desconocimiento: tiene asesores económicos que saben muy bien lo que dicen. La razón es otra. La inflación y las medidas que se adoptan para combatirla afectan de un modo muy desigual a cada persona o empresa. Y las propuestas del PP también beneficiarían a todas ellas de modo muy diferente. Las pequeñas y medianas empresas con menos ingresos o ventas y las personas con rentas más bajas no pueden financiarse por sí mismas el acceso a todos los bienes públicos, de más calidad y menor coste que cuando son provistos por el mercado, que inevitablemente necesitan para hacer negocios, producir o vivir. Las grandes, por el contrario, sí pueden pagar a cualquier precio las infraestructuras, servicios o bienes privados. Por eso no les importa que el Estado deje de suministrarlos y prefieren ahorrarse impuestos, haciendo creer que así salimos ganando todos.
Ni Feijóo ni ningún otro dirigente del Partido Popular dicen barbaridades como esta de ahora por casualidad, ni porque no tengan idea de economía. Saben muy bien lo que dicen y a quién beneficia lo que proponen.
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