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SANTI DONAIRE (AP)
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Desde la Plataforma Derecho a Techo condenamos tajantemente las actuaciones de la alcaldía de Níjar (PSOE) en relación al desalojo y derribo del asentamiento de Walili y señalamos la gravedad de los hechos ocurridos.
Hechos
El lunes 30 de enero fue derribado el asentamiento de Walili (Níjar) por orden judicial (se interpuso un recurso que fue desestimado el jueves 26). A primera hora de la mañana había aún muchas personas dentro de sus hogares. Según estimación serían 250, aproximadamente la mitad de las que residían en el asentamiento habitualmente. Las demás, hasta las casi 500, habrían huido en los días previos.
Buena parte de las que aún se encontraban en Walili tenían todavía las viviendas dispuestas con sus enseres ante la imposibilidad de trasladarlos a otros alojamientos alternativos. Sobre las 8:00 de la mañana se produjo un fuego que fue extinguido. Sobre las 8:30 se produjo otro más grande que provocó la salida del interior de las viviendas de las personas residentes, de la prensa y de las personas de la Plataforma Derecho a Techo que en ese momento estábamos congregadas en la zona central del asentamiento.
Los fuegos pudieron ser intencionados pero es imposible saberlo ya que se acometió el derribo acto seguido. La policía y los bomberos se encontraban muy cercanas al lugar del fuego en el momento en que se originó y pudieron controlarlo sin dificultad. Tras cortarse la electricidad y tener a las personas afectadas en la carretera con las cosas que hubieran podido coger se acometió el derribo con dos palas retroexcavadoras sobre las 9.30 de la mañana.
El derribo se alargó hasta las 13.30 y en él fueron demolidas también una zona de cortijos existentes previa al asentamiento y una mezquita en perfectas condiciones estructurales. No se realizó un examen exhaustivo de las viviendas para saber si todas las personas habían salido de allí. Los animales que vivián en el asentamiento que rondaban los 80 (tras el trabajo de rescate de voluntarias ajenas al Ayuntamiento en los días previos) fueron atendidos por el responsable de la protectora de Pechina. Sacó a 5 de ellos.
El resto se abandonaron en el interior. Sobre las 10:30 apareció un autobús dispuesto por el Ayuntamiento de Níjar con una trabajadora social y una traductora. Tardaron bastante tiempo en lograr que la gente se subiera al transporte ya que en ningún momento explicaron nada a las personas afectadas de la finalidad del mismo. Una hora más tarde como consecuencia de la lluvia se fueron dispersando las personas afectadas, algunas de ellas subieron a los tres autobuses que mandó el Ayuntamiento de Níjar. En total, según datos de las entidades sociales implicadas, llegaron 80 personas al Dispositivo de Acogida Temporal instalado en el paraje de Los Grillos en el Centro de Día de la Fundación Cepaim/Almería Acoge y en una nave contigua con literas en fila donde también estaban Médicos del Mundo y Cruz Roja.
Según información de Servicios Sociales se trata de un dispositivo para una estancia máxima de 2 meses. De las 80 personas recibidas únicamente quedaron 30 según las mismas fuentes consultadas al finalizar la jornada. Las personas afectadas mostraron en reiteradas ocasiones que no querían abandonar sus chabolas pese a que las condiciones no fueran las adecuadas para una vida digna, pero que al menos les permitía estar cerca de sus puestos de trabajo y de su red de apoyo.
Expresaron también la necesidad de que no fueran destruidas las chabolas en plena oleada de frío. En los días posteriores el Ayuntamiento está abriendo zanjas en el solar de Walili donde está enterrando todos los escombros que allí quedaron. Las personas afectadas que continuaron en el centro de emergencia temporal no han sido informadas sobe ningún itinerario personalizado a seguir.
La mayoría de ellas han preferido abandonar el recurso y construir una nueva chabola en otros asentamientos.
Valoración
1. Los hechos ocurridos en Walili son de extrema gravedad y la administración local en manos de Esperanza Pérez Felices (PSOE) es responsable de ellos.
2. Ausencia de un dispositivo humanitario e informativo en Walili para las personas afectadas. En Walili no existió más que un dispositivo policial para realizar el derribo y desalojo. Ninguna entidad social contratada por el Ayuntamiento, ni Servicios Sociales se personó in situ para atender a las personas afectadas.
3. Ausencia de medidas preventivas que evitaran tener a las personas afectadas bajo la lluvia viendo cómo eran demolidos sus hogares. La administración local del PSOE no realizó un trabajo previo adecuado para trasladar a las personas afectadas, para trasladar sus pertenencias, para informarles de posibilidades habitacionales y de ahí que muchas de ellas fueran testigos del derribo de sus casas.
4. Ausencia de soluciones habitacionales reales para las personas afectas. La alcaldesa de Níjar no ha puesto en ningún momento a las personas trabajadoras del campo y sus derechos en el centro de una política local de vivienda, ni en el de ninguna iniciativa de solución habitacional. Hasta la fecha no hay solución habitacional para las personas de Walili, más allá del dispositivo de emergencia para dos meses consistente en una nave con literas sin intimidad que no se corresponde con una vivienda.
5. “Solipsismo político” de la alcaldesa de Níjar Esperanza Pérez para cualquier negociación con el resto de agentes del territorio. El gobierno del consistorio de Níjar con Esperanza Pérez Felices al frente (PSOE) ha realizada este plan atendiendo a intereses económicos de la patronal agrícola COEXPHAL, pero ha desoído la solicitud del resto de agentes que de manera reiterada le habían solicitado un aplazamiento del plan de derribo, desde el Obispado de Almería, La Plataforma Derecho a Techo, hasta un centenar de organizaciones locales, nacionales e internacionales que le han solicitado esto por escrito.
6. Abuso de poder, electoralismo, dinámicas de intereses creados y “política de cortijada” del PSOE de Níjar. La mayoría absoluta del PSOE en Níjar no puede ser la base para la ejecución del monopolio de la violencia institucional contra las personas más vulnerables que habitan en el municipio. La campaña por ganar las municipales al partido de extrema derecha Vox, el más votado en las elecciones autonómicas en el Municipio de Níjar no puede suponer una deriva política del PSOE hasta extremos que atentan contra los valores democráticos y las normas de derechos humanos. Los hechos tan graves ocurridos en Walili han sido posibles por la colaboración de entidades sociales locales que se hallan más o menos involucradas en la red clientelar del Ayuntamiento de Níjar y el lobby patronal agrícola.
7. Intento de criminalización de la sociedad civil organizada que exige derechos sociales fundamentales como una vivienda digna. Es muy grave que en una sociedad democrática como la española se criminalice el derecho a la protesta pacífica y la defensa de los derechos humanos y sociales. Se ha abierto un atestado contra la Plataforma Derecho a Techo con ocasión del fuego originado. Esperanza Pérez Felices (PSOE) ha declarado continuamente que “hemos tenido un realojo en paz pese a los intentos de algunos por convertirlo en tragedia con incendios provocados o intimidación a los moradores para que no subiesen a los autobuses”. Afirmaciones como éstas son radicalmente falsas, de hecho, desde la Plataforma ayudamos a poner las pertenencias en los autobuses de los moradores de Walili, ante la dejadez de funciones de la administración local. Igualmente nos gustaría saber el origen del fuego aunque creemos que será muy difícil dado que se han destruido todas las pruebas del mismo.
8. Cinismo político y uso del “discurso de los derechos humanos” para ejercer el monopolio de la violencia institucional al servicio de intereses económicos. En el comunicado del Ayuntamiento se puede leer que: “ha sido la mayor muestra de compromiso con la defensa de los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchos, muchísimos años”. Nos parece lamentable que se pueda utilizar un discurso así para hablar de una violación de los mismos. Desde el punto de vista ético y moral es denigrante.
9. Falta de debida diligencia en el protocolo contra el maltrato animal. No se aplicó correctamente, no se recogieron animales en los días previos y se han cubierto bajo los escombros a muchos de ellos, fundamentalmente gatos. Se infringe la ley.
10. Falta de diligencia en el protocolo de residuos peligrosos. Se está procediendo al entierro de basura sin clasificar, con restos de amianto, en fosas excavadas en el solar de Walili. Se infringe la ley.
11. Derribo de patrimonio histórico y cultural. Se ha derribado un cortijo antiguo de existencia anterior al asentamiento y una mezquita de obra en perfectas condiciones.
Exigencias
• Depuración de responsabilidades políticas por las actuaciones llevadas a cabo en el derribo de Walili.
• A las entidades sociales que colaboran con el Ayuntamiento de Níjar que dejen de colaborar con una administración que vulnera los derechos humanos de las personas trabajadoras del campo.
• Transporte desde el alojamiento temporal hasta los puestos de trabajo de las personas que han seguido en el recurso para evitar la pérdida de empleos.
• Alternativas habitacionales estables a las personas afectadas de Walili que han presentado la documentación por Registro en el Ayuntamiento de Níjar.
• Elaboración Plan de Vivienda Pública para el Municipio de Níjar con enfoque de derechos humanos, que ponga a las personas en el centro de las soluciones. Que sea participativo mediante una mesa de dialogo vinculante con los agentes que estamos presentes en el territorio y las personas directamente afectadas.
• Al Gobierno de España que firme y ratifique la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
• Al Gobierno de España que garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el Estado, incluidas las actuaciones de las administraciones locales, según lo establecido por los pactos internacionales con los que ya se ha comprometido.
Agradecimientos y llamamiento a la reivindicación:
-A las organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas, religiosas y sindicales que han apoyado con la firma del manifiesto de La Plataforma Derecho a Techo la reivindicación de que no debía haber desalojo sin realojo. Queremos seguir tejiendo alianzas. Os instamos a realizar informes para esclarecer los hechos. También solicitamos ayuda jurídica ante la posibilidad de emprender medidas legales por los sucesos acaecidos en Walili.
-A los sindicatos SOC/SAT y CGT que a partir de estos hechos han comenzado a trabajar para convocar una huelga general de trabajadores/as del campo que ponga en el centro de la negociación con la patronal agrícola COEXPHAL la necesidad urgente de blindar derechos y mejorar condiciones de vida para las personas que hacen posible “el milagro económico almeriense” y nos alimentan todos los días con su trabajo.
-A la prensa y los medios de comunicación que han cubierto la noticia del desalojo de Walili con su amplia variedad de opiniones y sensibilidades. Muy particularmente a aquellos que fueron testigos in situ de los acotamientos que se han producido el día 30.01.2023. Os instamos a seguir ejerciendo vuestro trabajo y dar a conocer a la sociedad española e internacional lo que sucede en el campo de Níjar
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