|
|
| PUBLICIDAD
|
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha redactado un texto claramente productivista, que contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia: fijan CO2, evitan la erosión, generan paisajes de alto valor, mejoran la cantidad y calidad de agua y albergan una importante biodiversidad. Esta ley es una clara regresión sobre la actual Ley Forestal, que data de 1992. Un ejemplo es la eliminación del artículo 27 de la actual ley, que determina que “Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”. Con la nueva ley se podrán urbanizar.
Lo más preocupante es la reducción de la protección que tienen los montes públicos y las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables.
El anteproyecto de ley determina que “Se excluirán del Catálogo de Montes de Andalucía aquellos terrenos forestales que dejen de pertenecer legalmente a Administraciones o entidades públicas o pierdan de igual manera su condición de monte”. El articulado favorece precisamente eso, la privatización de montes públicos y su pérdida del carácter forestal para urbanizarlos o dedicarlos a cultivos, y faculta al Consejo de Gobierno a excluir terrenos forestales del Catálogo de Montes Públicos por razones tan arbitrarias y contrarias a la conservación del patrimonio público forestal como la ampliación de los suelos urbanizables, o para desarrollar proyectos privados que se declaren de interés general por el propio Consejo de Gobierno. Éste y otros artículos contradicen la Ley estatal 43/2003 de Montes, que tiene carácter de legislación básica, y que estipula que la exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido por causas naturales las características por las que fue catalogado.
Ecologistas en Acción ha propuesto que la ley recoja que todos los montes de propiedad pública se declaren de dominio público, lo que implica que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables.
El anteproyecto de ley también favorece el uso privativo de los montes públicos, de forma que se pueden aprobar concesiones a personas o empresas lo que implicaría “la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados”. O sea, por los ciudadanos. Para colmo estas concesiones pueden otorgarse por un plazo de 75 años, o sea, dos generaciones sin poder disfrutar de un monte público.
Además, se reduce la potestad de la Junta de Andalucía de ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre las compraventas de fincas forestales a las mayores de 400 hectáreas, por lo que en la práctica se pierde este derecho, de suma importancia para poder ampliar el patrimonio público forestal. En las fincas mayores de esa superficie, con dividirlas, ese derecho será inoperante.
El anteproyecto permite el cambio encubierto del uso forestal del suelo para actividades agrícolas, incluso en montes quemados. Así, se permiten “Plantaciones de árboles o arbustos no forestales, como almendros, cerezos o pistachos, entre otros”, o, incluso, se permiten que se talen árboles para “el laboreo del suelo” en terrenos forestales. Para colmo de los despropósitos, se autorizarán estas actuaciones de cambio de usos del suelo por silencio administrativo. Con no contestar la administración en plazo a una solicitud de cultivo de un monte, se dará por aprobada. Una auténtica barbaridad.
Esta apisonadora de desregulación ambiental en que se ha convertido la Junta de Andalucía y la cada vez más descolorida “revolución verde” del presidente Moreno, se plasma una vez más en la prevalencia que da este anteproyecto de ley a los planes urbanísticos sobre la protección de los montes públicos, y los planes forestales, sobre los de ordenación de recursos naturales de los espacios naturales, que quedarán al albur de decisiones políticas que aprueben Junta y ayuntamientos para favorecer proyectos urbanísticos y descatalogaciones de montes públicos.
|
