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Desde Izquierda Unida llevaremos al próximo Pleno del Ayuntamiento de Almería, a través del Grupo Municipal Podemos-IU-Verdes, del que formamos parte, la situación del alumnado con necesidades educativas especiales.
Enrique Ruíz, coordinador local de IU Almería, ha expresado su preocupación ante la «falta de medios materiales y humanos» con los que cuenta el sistema educativo andaluz para garantizar una educación de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales. En los últimos años, según datos de los sindicatos, el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en secundaria, mientras que el profesorado especializado solo ha crecido un 17%. «A pesar de que la Junta de Andalucía presume de invertir más fondos para la atención a la diversidad, lo cierto es que, al no acompasar el incremento a las necesidades reales, esa atención vive un empeoramiento progresivo» ha apuntado el coordinador de IU.
«Es necesario asegurar una educación de calidad para el alumnado con necesidades educativas especiales. Por ello, queremos que desde el Ayuntamiento de Almería se inste a la Junta de Andalucía a establecer una normativa que asegure los medios necesarios para llevar a cabo una educación en igualdad para todo el alumnado, estableciendo unas ratios que garanticen la atención a la diversidad en la educación pública y frenando el proceso de privatización que se ha venido dando de parte del personal especializado.» ha concluido Enrique Ruíz.
Texto de la moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía, durante los últimos años, según los datos de los sindicatos, mientras el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 103% en educación infantil y un 35% en secundaria, el profesorado especializado en atención a la diversidad (maestros de educación especial, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), así como orientadores y docentes de apoyo y refuerzo solo se han incrementado un 17%. Un aumento totalmente insuficiente que por sí mismo señala que, hoy por hoy, no se está atendiendo a este alumnado como marca la ley, el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española a miles de niñas y niños.
La gestión del gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho sino agravar esta situación. Su política de no dotar de los medios suficientes al sector público y el desprecio a la labor de las y los empleados públicos, mientras se potencia el modelo privado y concertado, repercute en la continua degradación de la calidad de la educación pública andaluza. Podemos ver esto en sus diferentes actuaciones.
Primero, porque mantiene a gran cantidad de los profesionales educativos con contratos precarios, sin incorporarlos como el personal docente que son a la estructura de la plantilla de la Consejería, contratándolos por curso escolar a buena parte de ellos y, lo que es peor, manteniendo subcontratado el servicio en muchos centros a través de empresas que mantienen unas condiciones laborales y salariales muy por debajo de las del personal de la plantilla pública, incumpliendo el principio básico de: a igual trabajo, igual salario.
A esas malas condiciones suma el hecho de que los profesores de apoyo son los primeros en la lista para cubrir bajas del personal docente en la estructura de plantilla de los centros, sin tomar en cuenta las necesidades del alumnado más vulnerable, quitándole unas horas de atención que ya de por sí son escasas. Estas situaciones deben ser solventadas sin tocar el apoyo educativo.
Segundo, porque mantiene un sistema de matriculación en el que lejos de apostar por la integración del alumnado con necesidades especiales en el conjunto de centros educativos sostenidos con dinero público, permite que los centros concertados «rechacen» la matriculación de estos niños y niñas, generando de esta manera una mayor presión a los centros educativos públicos, en los que se acumulan las matriculaciones.
Tercero, porque lejos de aprovechar el descenso de la natalidad como una oportunidad para reducir las ratios, lo está utilizando como excusa para cerrar miles de líneas educativas en Andalucía. Los cursos escolares comienzan al límite del incumplimiento legal de niñas y niños por aula, incluso superando este, al utilizar el 10% de incremento por matrículas sobrevenidas antes del inicio de curso. En muchos casos directamente se incumple la ratio por falta de profesorado contratado.
Reducir las ratios del alumnado por aula, que podría haberse hecho manteniendo el mismo número de líneas y por extensión del profesorado, favorece el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes. Permite al profesorado conocer mejor a cada uno, sus necesidades individuales y fomentar la interacción enriquecedora en el estudiantado, lo que redundaría directamente en una mejor atención general tanto para el conjunto del alumnado como para el que tiene necesidades especiales.
Y cuarto, porque, fruto de no incrementar los recursos al mismo ritmo que aumentan las necesidades, existen actuaciones que, con el curso ya iniciado y las asignaciones de personal ya establecidas, la Consejería ha decidido redistribuir el personal, recortando horas en distintos centros educativos para poder (mal)llegar a otros.
Desde el inicio de curso, la Consejería era consciente de que muchos colegios no contaban con los recursos necesarios y esperaba solucionar este problema con el programa PROA+ «Transfórmate», procedente de los fondos europeos. Un plan que no está siendo suficiente. Los recursos y apoyos educativos del alumnado más vulnerable tienen que llegar a todos y salir del presupuesto propio, no depender de programas adicionales y extraordinarios, más cuando en muchos casos los colegios ni siquiera cumplen los requisitos para optar a este programa.
Es necesario acabar con los recortes, estableciendo un marco en el que se fijen unas ratios que aseguren un número de profesionales docentes que garanticen la atención educativa de calidad para todo el alumnado con necesidades educativas especiales.
Por todo ello, el grupo municipal de Podemos-IU-Verdes Con Almería propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
PRIMERO. Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo, de manera coyuntural, un refuerzo de la contratación, incorporando a 9.000 profesores y profesoras de integración social para el curso 2024/2025, de manera que se garantice una educación de calidad para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), incluidos los de necesidades educativas especiales (NEE).
SEGUNDO. Instar a la Junta de Andalucía a establecer una normativa, para su desarrollo a partir del próximo curso, a través de la cual establezca una ratio de, como mínimo, un profesor de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) por cada 12 alumnos que precisen alguna necesidad educativa específica y que no sobrepase la ratio de 1/8 alumnos con NEE, sin que dicho profesor pueda compartir centro educativo; y a partir de la cual se incorporen apoyos específicos para casos graves que requieran una atención individualizada. Así mismo, se debería establecer:
⦁ Una ratio máxima de un profesional técnico de integración social (PTIS) para cada aula específica.
⦁ Una ratio máxima de dos alumnos por cada PTIS para el alumnado con dictamen de escolarización B, escolarizados en aula ordinaria.
⦁ Una ratio de 250 alumnos por cada orientador, eliminando el sistema de rotación en los CEIPS y dotando a cada colegio de infantil y primaria de un orientador.
⦁ Dotar de una plantilla estructural a todos los equipos de orientación educativa: psicología, pedagogía, medicina, fisioterapeuta y enfermería escolar.
TERCERO. Instar a la Junta de Andalucía a establecer una normativa, para su desarrollo a partir del próximo curso, a través de la cual se establezca que el alumnado NEAE y NEE cuenten, como mínimo, el doble a efectos de ratio en el aula. Incrementándose este coeficiente en función de la gravedad del caso.
CUARTO. Instar a la Junta de Andalucía a acabar con las privatizaciones en el servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) en Andalucía, y por extensión con la precariedad laboral de los profesionales que desempeñan estas funciones.
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