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El Ayuntamiento de Carboneras se personará en la causa judicial abierta a partir de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Almería que investiga si existieron irregularidades en el contrato de permuta de unos terrenos firmado en 2013 entre el Ayuntamiento de Carboneras y la cementera Holcim, y por el que podría haberse producido un perjuicio de hasta 28,2 millones de euros a las arcas municipales, además de haberse incurrido en presuntos delitos de cohecho y de malversación de caudales públicos.
Así se ha ratificado durante la celebración de pleno ordinario, a partir de la propuesta elevada por el alcalde de la localidad, José Luis Amérigo Fernández, con los votos a favor del equipo de gobierno y del Partido Popular y la abstención de Carboneras Avanza y Gicar. Además, también se llevará a cabo la contratación de una tasación por una entidad acreditada para aportarla al procedimiento judicial.
El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Soto, ha explicado que tras haberse señalado “que pudo haber menoscabo” a los intereses municipales, “el Consistorio se tiene que personar” en defensa del interés general del municipio y de todos los habitantes de Carboneras, además de contribuir al máximo en que se aclare lo sucedido. Y es que, según ha recordado, ya se encargó por parte del anterior gobierno una tasación que nunca llegó a realizarse porque, según ha venido sosteniendo la empresa a la que se contrató, “no se le facilitaron los datos” necesarios por parte del Ayuntamiento.
En ese sentido, Soto ha considerado que esa es una cuestión que el ex alcalde del municipio, Salvador Hernández (Gicar), debería de aclarar y, muy especialmente de cara a disipar cualquier sombra de duda en este asunto, también el motivo “por el que no fue como alcalde a firmar ante el notario esa permuta de terrenos” cuando le correspondía hacerlo y asumió esa potestad el entonces edil de Hacienda y actual portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela.
La firma del convenio investigado se remonta al 28 de enero de 2013 y se produjo entre el entonces alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, y la dirección de la planta de Holcim en el municipio y representación de la mercantil. Posteriormente, fue ratificado en pleno ordinario por los miembros del equipo de gobierno y el expediente de permuta se acordó por unanimidad en Junta de Gobierno local en mayo de ese mismo año.
Desde el Ministerio Público se sostiene que “al parecer, se valoraron muy por debajo de su valor de mercado” los terrenos de propiedad municipal mientras que los terrenos que la mercantil cedió al Consistorio carbonero a cambio tenían “escaso valor económico en comparación”.
La Fiscalía, que abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia de carácter anónimo, señala que, en la citada denuncia, se “comunica que ese favorecimiento” a la multinacional Holcim SA por parte de la corporación municipal “puede ser debido a supuestas comisiones ilegales recibidas a cambio de facilitar la permuta de los terrenos de una manera tan beneficiosa para la cementera”.
La denuncia formulada por la Fiscalía precisa que los terrenos de propiedad municipal fueron valorados en el contrato de permuta en 865.000 euros y los de la propiedad de la cementera en 529.000 euros, “sospechando el denunciante que el valor real de los terrenos municipales alcanzaba la cifra de 29.440.882 euros y los de la empresa 1.222.200 euros”, por lo que, según añade, “se habría producido un perjuicio a las arcas públicas de 28.218.682 euros”.
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