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Mientras en la Mesa de Industria del Pacto por Almería se habla de las renovables y del impacto positivo que tiene, y que podría aún ser mayor en nuestra provincia, el gobierno del PP se dedica en Madrid a torpedear todo posible desarrollo de las mismas y aboca a quienes han invertido en ellas a la desaparición en medio de una tremenda inseguridad jurídica (tan cacareada por el PP). No debemos olvidar que Almería es una de las primeras provincias españolas en producción de energías renovables, debido a sus inmejorables condiciones geográficas que la hacen única en sol y viento.
Los representantes de las asociaciones de energías renovables han calificado en estos últimos días la reforma energética emprendida por el Gobierno como “salvajada jurídica” o “estafa”, porque hace recaer sobre ellas el mayor coste de ese bulo del déficit tarifario que han creado las grandes eléctricas de este país. Acusan igualmente al Gobierno de someterse a los intereses de las grandes, probablemente por la conocida conexión a través de las famosas puertas giratorias existentes entre éstas y los gobiernos del PP y del PSOE.
La reforma eléctrica emprendida por el Gobierno, siempre a base de Decreto Ley, y sin consensuar con las partes afectadas, salvo las poderosas, va en el sentido contrario a la lógica. Deberíamos ser capaces de realizar planteamientos a largo plazo que nos lleven a un cambio en el modelo energético donde España sea capaz de autoabastecerse, ahorrándonos la enorme factura en importaciones que nuestra actual dependencia de las energías fósiles, altamente contaminantes, nos produce.
Hay un ataque despiadado a los ciudadanos y pequeños productores a quienes se les va a impedir, mediante el uso de paneles solares o mini molinos, la auto producción y el autoconsumo, así como poder verter energía a la red y luego calcular la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume (balance neto) con el fin de poder ahorrar un poco en la exagerada factura de la electricidad española. Igualmente se pretende ir a un régimen de tarifa plana donde el grueso a pagar salga de un fijo por la prestación del servicio y dependa cada vez menos de lo realmente consumido.
Pero si a todo ello añadimos que nuestro país es puntero en la industria de las renovables, cuyas innovaciones en los últimos años las ha hecho ser ya competitivas, si tenemos en cuenta que podría representar un importante nicho de creación de empleo tanto en innovación como en producción, instalación y mantenimiento de las mismas, ésta bien podría ser la “Marca España”, se nos hace más incomprensible la deriva legislativa, fuera de toda lógica emprendida por este gobierno, de total sumisión a los intereses de unas grandes empresas que desde que fueron privatizadas “liberalizadas” no han dejado de aumentar la factura a los ciudadanos.
Esto tampoco iba en el programa fraudulento del PP, un motivo más a añadir a otros tantos, por los que desde Izquierda Unida pedimos la dimisión de este Gobierno y la convocatoria de elecciones ya, que devuelvan al pueblo la palabra y la posibilidad de recuperar la confianza en las políticas democráticas.
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