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En este mundo en el que vivimos, donde la información fluye rápidamente y llega hasta cualquier rincón de la aldea más escondida, los ciudadanos están percibiendo claramente qué papel están desempeñando sus gobernantes en su territorio y, también, por comparación, lo que está ocurriendo en otras regiones. De esta manera, muchos andaluces y andaluzas han podido conocer el plan diseñado por el gobierno regional de Madrid para privatizar hospitales, el amago de echar la persiana a las urgencias en centros de salud en Castilla-La Mancha; el cierre de escuelas rurales en Galicia o el último episodio protagonizado por el presidente valenciano de ordenar la liquidación de la televisión pública.
Todas estas decisiones las han tomado estos gobiernos regionales del Partido Popular con un absoluto desprecio hacia los servicios públicos, mientras que en Andalucía, también en un contexto económico de dificultad, la decisión ha sido hacer todo lo contrario: blindar el Estado de Bienestar y destinar la mayoría de los recursos a la educación, la sanidad y los servicios sociales, a pesar de la reducción en 1200 millones de las aportaciones del Estado a nuestra región. Esta es la gran diferencia entre lo que está haciendo la izquierda en Andalucía y la derecha en este país.
De esta manera, los Presupuestos de la Junta – como consecuencia de una decisión estrictamente política – destinan casi diez mil millones de euros, es decir, la mayor parte de los recursos totales, a Salud y Servicios Sociales, lo que supone aumentar con respecto a este año el dinero consignado a reforzar y consolidar estas materias. No se privatizan servicios públicos, no se establecen nuevos copagos y sí se mantienen el empleo público y la cobertura universal, así como la calidad de las prestaciones.
Con respecto a la educación, se ha elaborado un proyecto presupuestario que blinda la igualdad de oportunidades y prioriza el incremento de las becas, las bonificaciones y ayudas a las familias manteniendo la gratuidad de los libros de texto- algo que no ocurre en ninguna comunidad autónoma- el Plan de apertura de centros, la oferta de escuelas infantiles y el mantenimiento de las plantillas docentes.
Todo esto, insisto, no es sino la constatación de las decisiones políticas que se están tomando desde el Gobierno que preside Susana Díaz para evitar fundamentalmente que nadie se quede en la estada, que los ciudadanos tengan plenas garantías de que podrán acceder a los servicios públicos en igualdad de oportunidades - tengan más o menos dinero - pero también la demostración palpable de que los hechos están poniendo a cada uno en su sitio.
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