La Junta de Andalucía recuerda que la Ley obliga a los ayuntamientos a depurar las aguas residuales

El delegado de Medio Ambiente asegura que la Mancomunidad de Municipios cobra a los vecinos por el servicio de depuración

José Manuel Ortiz, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, asegura que los responsables de las aguas residuales sin depurar que discurren por el río Andarax son los ayuntamientos que vierten sus aguas sin tratar al cauce del río. Frente a quienes responsabilizan a la Consejería de la existencia de dichas aguas en el río, y en última instancia la culpan de la proliferación de mosquitos en zonas colindantes, el representante de la Junta recuerda que la Ley de Bases de Régimen Local es muy clara y no deja lugar a dudas: el artículo 25, apartado 2.c, sobre las competencias municipales, dice que el tratamiento de aguas residuales es una competencia municipal que los ayuntamientos deberán ejercer “en todo caso”. Asimismo, José Manuel Ortiz cita el apartado 2.j de dicho artículo, en el que la Ley atribuye a los municipios la obligación de proteger la salubridad pública.

Por otra parte, el delegado de la Junta recuerda que la Diputación Provincial de Almería también tiene algo que ver y hacer en materia de depuración de aguas residuales. Y es que, la Ley de Régimen Local, tras la modificación aprobada por el Gobierno central el año pasado, asigna a las diputaciones provinciales la coordinación de los servicios de tratamiento de aguas residuales en los municipios de menos de 20.000 habitantes, “que es el caso de los municipios del Bajo Andarax”.

Por tanto, según el delegado de la Consejería de Medio Ambiente, el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente -en su afán de colaboración con los ayuntamientos de Almería y del Bajo Andarax- haya decidido asumir las obras de ampliación de la depuradora de El Bobar, no exime a dichos ayuntamientos de la responsabilidad de tratar sus aguas residuales. Y en este sentido, asegura que la Mancomunidad de Municipios cobra a sus vecinos por el servicio de depuración que, o no se presta en condiciones mínimas, o, sencillamente, no se hace.

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