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La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Rosario Soto, ha criticado hoy el Decreto-ley de medidas de Inclusión Social aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque llega “tarde, es insuficiente, resulta corto en su alcance y repite los mismo errores del año pasado”.
Soto ha censurado que su puesta en marcha se retrase seis meses, “una circunstancia que no se entiende dadas las necesidades que padecen muchas familias y que se traduce en seis meses de abandono, a pesar de contar con partida presupuestaria”, retraso que a su juicio es “intencionado” por parte del propio gobierno de la Junta de Andalucía “porque no pretende gastarse el presupuesto consignado”.
Junto a las también parlamentarias Aránzazu Martín y Rosalía Espinosa, Soto ha detallado que la financiación de las medidas recogidas en este decreto, 64 millones para el presente ejercicio, 8 menos que el año pasado, son un ejemplo más del “de la política de recortes que viene practicando la Junta de Andalucía en temas sociales”, por encima de los 269 millones de euros en este ejercicio.
Desde el Partido Popular se ha calificado de “electoralista y populista, a la vez que insuficiente” el decreto que pone en marcha la Junta, obligando además a los Ayuntamientos “a tener que articular todas las medidas al caso necesarias para desarrollar el decreto en un breve espacio de tiempo, con todas las dificultades que ello conlleva, como ya alertamos y pudimos comprobar con el anterior decreto del año pasado”, adujo Soto.
Frente a la “insuficiente” aportación del decreto de inclusión para atender servicios básicos de las familias sin recursos, desde el Partido Popular se ha reclamado a la Junta la puesta en marcha de la renta básica “que los socialistas llevan prometiendo en Andalucía desde hace 20 años. Un derecho subjetivo, reconocido en el Estatuto de Autonomía, que en sus años de oposición fue reclamado por IU y que, llegados al gobierno, han olvidado por completo”, censuró. Del mismo modo ha criticado el retraso en el pago del salario social, “que lleva sin abonarse en Almería desde noviembre de 2013, acumulando ocho meses de retraso, siendo además el de Andalucía el más pobre de toda España”, explicaron.
Engaño
Soto además ha advertido que los tres pilares que sustentan este Decreto de Inclusión Social, el programa de inclusión laboral a través del Empleo, de Solidaridad de Andalucía y el extraordinario de Garantía Alimentaria, suponen “un engaño más hacia las familias y las personas con necesidades y a la sociedad andaluza en su conjunto”.
Ha especificado “los recortes que también se incluyen en este decreto”, por ejemplo, en el programa de integración e inserción social a través del empleo, “que destina solo dos millones de euros para la contratación de personas que perciben el salario social. Que luego no reciben” o en la gratuidad que a las personas más vulnerables se ofrece en servicios básicos como la luz y el agua, “unas ayudas en emergencia social que divididas en este ejercicio en dos partes, servicios (6,5 millones de euros) y ayudas económicas familiares (4,5 millones de euros) supone una rebaja de un millón de euros con respecto al ejercicio pasado (13 millones) cuando las necesidades, como consecuencia de la crisis, son incluso mayores. Estas cantidades, a través del decreto, son en suma menores que las cantidades que históricamente se transferían a los Ayuntamientos para emergencia social”, ha remarcado la parlamentaria andaluza.
Respecto al programa de solidaridad y de garantía alimentaria ha exigido que “se dirija a las zonas donde realmente existen mayores necesidades, que llegue a la gente que lo está pasando mal” recordando que “éste ha sido un recurso que siempre se ha proporcionado a través de los comedores escolares”.
Por su parte, Aranzazu Martín ha defendido que la mayor parte de las líneas que aborda el decreto “son tareas que vienen desarrollando los ayuntamientos” “como ocurre con las ayudas de emergencia, resolviendo la incapacidad y tapando las vergüenzas de la Junta de Andalucía como consecuencia de los recortes que viene aplicando en materia social”.
En este sentido, ha explicado que, a pesar de la escasa aportación que se hace en relación a las necesidades existentes, al retraso con el que llegan las ayudas y al esfuerzo que supone a la administración local tener tan poco margen de maniobra, “no daremos la espalda a este decreto porque no hay ni se ofrece otra cosa”.
Al frente del Área municipal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de la capital, Martín refrenda “los manifiestos recortes que tiene este decreto”, citando como ejemplo los 200.000 euros menos que, a través del plan de inserción, recibirá Almería capital (718.191 euros frente a los 943.000 euros que se percibieron el año pasado), un montante económico que significará la contratación de 100 personas menos que el año pasado (223 frente a las 314 que se contrataron en 2013).
Finalmente, han lamentado que el bipartito andaluz, PSOE e IU, quiera vender como panacea unas medidas que son “pan para hoy y hambre para mañana” y que la única novedad reseñable esté “en la obligatoriedad que la Junta impone de llevar su escudo sobre los uniformes de trabajo del personal contratado”.
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