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A pesar de que las administraciones aseguran que los recortes no provocan pérdida de empleo público, lo cierto es que Andalucía y, por consiguiente en la provincia de Almería, se sigue perdiendo empleo público, según los datos publicados por la Encuesta de Población Activa y los que maneja la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF.
Así, según la EPA publicada hoy, el empleo público andaluz cuenta actualmente con 506.600 trabajadores, niveles similares a los registrados hace diez años, en el tercer trimestre de 2002, cuando se alcanzaban los 504.700 empleados públicos en Andalucía.
Respecto al último trimestre, cuando se generaron 18.000 nuevos empleos en Andalucía, la región perdió 800 nuevos puestos públicos, un descenso que se acumula al registrado ya desde el tercer trimestre de 2013 y que suma ya 14.100 empleos públicos menos en nueve meses. Haciendo un repaso temporal más amplio, los datos se agravan aún más, ya que desde el inicio de los recortes a nivel nacional (tercer trimestre de 2010) se perdieron en Andalucía 90.500 empleos públicos, de los cuales, 5.075 corresponderían a la provincia de Almería. Datos alarmantes que ponen en serio peligro el sostenimiento del actual Sistema del Bienestar y el correcto funcionamiento de los Servicios Públicos.
En paralelo, según los datos que además maneja CSIF-A, desde el segundo semestre del 2011 (con el cambio de Gobierno en el ámbito nacional) y, posteriormente, con los datos del primer semestre de 2012 (pasadas las últimas elecciones autonómicas en Andalucía), la Comunidad descendió en 27.296 puestos de empleo público, contabilizando 3.389 puestos menos en la Administración Estatal (un 12,41% de la pérdida), 7.228 en la Administración Local (un 26,48% del total) y 16.679 menos en la Autonómica (un 61,11% del total de empleos públicos eliminados entre 2011 y 2014).
Para CSIF, primera fuerza sindical de la Función Pública andaluza, los datos son alarmantes y más graves de lo que aparentemente suponen por dos motivos. El primero, por la carga añadida de trabajo para unos Empleados Públicos recortados desde 2010 en sueldo y en condiciones laborales (aumento de jornada, eliminación de días de asuntos propios, de vacaciones, de acción social…). Y el segundo y quizá más grave, por la responsabilidad social y de atención a la ciudadanía que tiene implícito el sindicato, las consecuencias sobre la calidad asistencial y de atención a los ciudadanos, con un mayor ratio de alumnos por aula, contratos al 33% en la Sanidad, mayor colapso en la Justicia o falta de personal en la ayuda a la Dependencia.
En paralelo a los recortes llegados del Gobierno Central, Andalucía vio agravada la pérdida de empleo público en su administración autonómica con la aprobación por parte de la Junta de Andalucía, en mayo de 2012, del Plan de Ajuste que, además de recortar las condiciones económicas de los Empleados Públicos ha provocado que, desde el primer semestre de 2012, Andalucía haya perdido 18.017 puestos de trabajo público en la Administración autonómica.
Este recorte sumado a las condiciones laborales de los Empleados Públicos ha hecho que éstas empeoren aún más, por lo que CSIF no entiende cómo, tanto el Gobierno central como el Gobierno de la Junta de Andalucía, pretende esconder la ejecución de recortes de empleo público e intenten enmascarar los datos a la opinión pública.
El sindicato, en su férrea e inquebrantable línea de independencia política y sindical, sigue y seguirá denunciando la pérdida de empleo público y los recortes a los derechos de los Empleados Públicos, vengan del gobierno que vengan, así como la pérdida de calidad asistencial que reciben los ciudadanos en el legítimo uso de los Servicios Públicos.
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