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Toñi Lozano
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El agua o la vida. La bolsa o la vida. A esta tesitura nos aboca el proceso de privatización del agua que se está expandiendo por todo el planeta. El nuevo oro, el oro azul. Los diversos organismos internacionales alertan de que el agua es cada vez más escasa e insuficiente para satisfacer necesidades humanas. Esta escasez apunta a ser en en breve también fuente de conflictos. El agua es esencial para la vida y el equilibrio del planeta. En consonancia con esto en julio de 2010 la Asamblea General de la ONU reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento como primordiales para el logro de los restantes derechos humanos. Este derecho al agua alude a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Tener agua suficiente supone según la OMS entre 50/100 litros por persona y día. Agua saludable y libre de microorganismos y químicos nocivos. Debe ser físicamente accesible al hogar y zonas de actividad habitual, como máximo a 1.000 metros de distancia o 30 minutos de desplazamiento. Fundamental es que sea agua asequible, según el PNUD el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar.
Este derecho al agua y al saneamiento choca con la privatización y mercantilización de este recurso.
En España la dirección es hacia la privatización del agua pública siendo la tendencia a la remunicipalización en las grandes urbes del planeta. Nuestro país se ha plegado a las consideraciones del agua como bien económico frente al bien común. El agua se ha convertido en un objetivo goloso para los fondos de inversión especulativos. Un informe de uno de estos fondos financieros concluía en 2010 que “Las desaladoras y el reciclaje son áreas en las que se prevén importantes progresos. Los derechos de la propiedad, infraestructuras y tecnologías, etc. el agua generará un importante número de oportunidades de inversión en el futuro. De hecho podría convertirse en uno de los argumentos de inversión del futuro”.
Si en España en 1996 el 63% del servicio de aguas era público, en 2014 tan sólo lo es el 43%. Las consecuencias son claras y conocidas: aumento escandaloso y abusivo de tarifas, deterioro del servicio por la escasa reinversión en el mismo, deterioro del medio ambiente, incumplimiento de las cláusulas de los contratos, falta de transparencia en su gestión y pérdida del control municipal. Uno de los motores de esta privatización de este sector es la venta de los servicios del agua para obtener liquidez a través de los cánones concesionales que se pagan en el recibo.
De cara a las próximas elecciones municipales más de 300 organizaciones de todo el estado (como EQUO, FACUA, Red de Agua Pública, etc.) proponen y firman la #iniciativagua2015 un pacto social por el agua. Esta #iniciativagua2015 defiende el suministro del agua como derecho humano, asegurar un mínimo de entre 60/100 litros de agua por persona y día en caso de impago justificado, remunicipalización de este recurso, reinversión sólo en la red pública de aguas, garantizar tarifas asequibles y promover el consumo de agua del grifo frente al agua embotellada.
Antonia Lozano Díaz, coportavoz de EQUO Almería
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