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La Guardia Civil, en el marco de la operación KRAKE, ha detenido a los 17 integrantes de una red dedicada a cometer estafas a través de contratos fraudulentos de telefonía móvil. Se les imputan los delitos de Asociación Ilícita, Estafa, Falsedad Documental, Usurpación de Estado Civil y Blaqueo de Dinero.
Se estima que podrían haber estafado a miles de personas en las provincias de Jaén, Almería y Huelva.
Los agentes han practicado 6 registros en las localidades de Rus, Úbeda (Jaén), Roquetas de Mar (Almería) y Jabugo (Huelva), en los que se han intervenido 224 teléfonos móviles valorados en aproximadamente 70.000 euros, 890 tarjetas de telefonía, seis ordenadores, dos discos duros, 6.000 euros en metálico.
La operación se inició tras recibir varias denuncias de ciudadanos que manifestaban estar siendo víctimas de un posible fraude en contratos de telefonía móvil.
Los agentes, tras llevar a cabo diferentes indagaciones, localizaron a un grupo que estaba dirigido por una persona residente en la localidad de Rus (Jaén) donde regentaba un establecimiento comercial de venta de móviles y que se dedicaba a gestionar altas de telefonía fraudulentas así como a vender terminales que obtenía de forma ilícita.
Los miembros de la red captaban a comerciales que trabajaban en diversas localidades para que buscaran clientes a los que atraían ofertándoles un descuento en las tarifas y la posibilidad de obtener teléfonos a buen precio. Para tramitar el supuesto contrato, el interesado tenía que facilitar al comercial sus datos personales, facturas y números de cuenta.
Una vez que obtenían los datos personales de los clientes, miembros de la red que trabajaban en distribuidoras de telefonía generaban amagos de portabilidad por las que obtenían ventajas económicas y nuevos terminales que ocultaban a los clientes y que posteriormente vendían en el establecimiento comercial de la localidad de Rus por medio de dos páginas webs y anuncios en Internet.
En muchos casos los clientes desconociéndolo estaban pagando los teléfonos móviles conseguidos, ya que no recibían factura física y el importe que abonaban mensualmente correspondía con el que habían estipulado con la organización.
En otras ocasiones, cuando había pasado un tiempo prudencial desde la primera gestión de un cliente, generaban nuevos amagos, sin que la víctima tuviese conocimiento de que se estaban obteniendo terminales a su nombre.
En la mayoría de los casos las víctimas desconocían que los terminales obtenidos a través de una empresa de telefonía como acción comercial ligada a la continuidad con la misma o como premio a su fidelidad están subvencionados por la misma. Por ello y ante el hecho de que habían obtenido el alta de forma ilícita, cuando tenían que hacer uso de la garantía o acudían al distribuidor oficial con la finalidad de efectuar gestiones con respecto a la línea contratada se lo rechazaban y empezaban a tener problemas.
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