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¿Sabía Vd. que el próximo 15 de febrero se votará en el Parlamento Europeo la ratificación del acuerdo de comercio e inversión CETA?. Probablemente la inmensa mayoría desconozca este hecho, qué es y de qué trata el acuerdo y, por tanto, las consecuencias que va a tener tanto en el día a día de los estados, regiones, ciudades y pueblos de sus estados miembros como de aquellos con los que tenemos relaciones.
Hablar del CETA (acuerdo entre la UE y Canadá) es hablar de un tratado internacional. Los acuerdos bilaterales de inversión y comercio son necesarios, y tratan de acuerdos entre dos países o bloques económicos. Visto así, no son ni buenos ni malos. Pero si los analizamos desde el punto de vista de los derechos humanos, la justicia social y ecológica, los derechos laborales, la salud, la educación, los servicios sociales, la soberanía alimentaria, el respeto a los valores democráticos, etc. podemos valorar si son o no acuerdos beneficiosos para las personas y el planeta.
El CETA no viene solo, le acompañan el TTIP (acuerdo que negocian entre EE.UU y UE), y el TISA (acuerdo comercial sobre servicios, bajo la Organización Mundial del Comercio -OMC-, que negocian 23 países, incluyendo la Unión Europea y EE.UU). Por su forma y contenido se puede decir que son mucho más que tratados de libre comercio, de tal modo que así lo manifestarón respectivamente el presidente de la Comisión Europea y del Consejo a la firma del mismo: Jean-Claude Juncker “El acuerdo fijará los estándares de la veintena de acuerdos de libre comercio que negocia actualmente la UE con otros países”, Donal Tusk “Este acuerdo va más allá del contexto comercial”. Se trata pues, de un nuevo modelo de gobierno transatlántico impulsado por las grandes corporaciones de las dos orillas.
Quizás Vd. desconozca que el CETA, se firmó el pasado 30 de octubre, que se ha estado negociando por la Comisión Europea y el gobierno de Canadá desde 2014, y que no solo ha encontrado resistencias en la ciudadanía, sino también en la propia institución europea. Recordemos que la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el CETA consiguió más de 1 millón de firmas en un tiempo récord; que 7 parlamentos autonómicos, al igual que más de 250 municipios (entre los cuales se encuentran ciudades tan importantes como Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona) han firmado resoluciones contrarias a estos tratados.
Cuenta con la oposición de distintas organizaciones sindicales, profesionales (como Jueces por la Democracia o taxistas), y de varios cientos de organizaciones sociales, y del rechazo expresado en la celebración de manifestaciones y distintos eventos, tanto de ámbito europeo como nacional. También mostró su oposición el Parlamento de Valonia que votó contra el CETA, suponiendo un problema por la imposibilidad de que Bélgica firmara el acuerdo en la anterior Cumbre Europea, poniéndolo en entredicho al necesitar la unanimidad de los 28 Estados Miembros, y que posteriormente las distintas presiones lo sacaron a delante. De igual modo, ha contado con el voto contrario de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, que pidió a la Comisión de Comercio Internacional, que recomendara el rechazo por parte del Parlamento Europeo, entre otras cuestiones por:
1) Respecto a la creación de trabajo decente, que en el mejor de los escenarios supondría unos incrementos no superiores al 0,018% y en un período de ejecución de 6 a 10 años, valora pérdidas reales de 204.000 puestos de trabajo para la UE en su conjunto, alertando del aumento en el desempleo a largo plazo.
2) En cuanto a los salarios, los datos empíricos muestran que el acuerdo profundizaría la brecha salarial entre los trabajadores cualificados y no cualificados.
3) Respecto a las PYMES (pequeñas y medianas empresas), no contiene medidas destinadas a su apoyo, quedando expuestas a competencia de las empresas transnacionales, lo que pone en riesgo los 90 millones de puestos de trabajo que ofrecen (67% del empleo total).
Por otra parte, cabe destacar la falta de transparencia y opacidad mantenida durante las negociaciones que, si bien el mandato de la negociación exigía los resultados de evaluación ambiental (que predice impactos negativos para la agricultura, la contratación pública, las inversiones, sectores energéticos, el de la minería, el cambio climático, etc.) no se incorporan en el texto del acuerdo. O, la misma negativa en el Parlamento Europeo por parte de la Gran Coalición (conservadores, liberales y socialistas), que rechazó por 419 frente a 258 votos, la propuesta de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo comercial firmado con Canadá, con las normas comunitarias. ¿Por qué? En concreto, porque el tratado encierra, entre otras cuestiones, un mecanismo de tribunales al margen de los sistemas nacionales de justicia para resolver las controversias entre los inversores y los estados, que abre la posibilidad de que los estados, parlamentos regionales o instituciones locales sean sancionadas con indemnizaciones millonarias por lucro cesante, en caso que, en defensa de nuestros estandares (de salud pública, medioambientales, laborales, etc), se impida la comercialización y venta de ciertos productos, tal y como ya ha ocurrido con otros tratados.
En definitiva, estos tratados suponen un peligro democrático, económico, social y ecológico, otorgando más poder a las grandes corporaciones y mercados, limitando nuestro derecho y bienestar, y sientan las bases para la firma de otros posteriores a espaldas de la ciudadanía.
En nuestra mano está exigir a nuestros representantes, tanto de la Unión Europea como nacionales, regionales y locales información y transparencia a este respecto.
Ramón Joaquín Arnalte Fuertes
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