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La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha reclamado al equipo de gobierno del PP “que vele por la seguridad de escolares, profesores y el resto de la comunidad educativa en el colegio Colonia Araceli, que lleva seis meses esperando a que se haga la revisión obligatoria de sus extintores contra incendios”. “Esta es una muestra más de la ineficaz gestión del gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, a la hora de atender el mantenimiento de los centros educativos de nuestra ciudad”, ha subrayado.
Desde la dirección del centro educativo, según ha dado a conocer la edil, avisaron por escrito en el mes de septiembre de que los equipos de extinción tenían caducadas sus revisiones desde julio del año pasado. Y por esa razón, solicitaron que les fuera asignada una empresa de mantenimiento que llevara a cabo “con urgencia” esas revisiones periódicas de los equipos de lucha contra incendios.
Lejos de responder, el equipo de gobierno ha mantenido silencio hasta el momento, pese a que el centro de educación infantil y de primaria registró un segundo escrito, en febrero de 2019, recordando lo que sucedía y expresando “que se esperaba comprensión por la preocupación” que les produce la situación.
Con estos antecedentes, Amparo Ramírez ha llevado el asunto hasta el turno de ruegos y preguntas del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería, sin que desde el gobierno municipal se haya dado ninguna explicación sobre por qué se ha llegado a este punto ni tampoco se ha ofrecido una salida que, con carácter inmediato, venga a solucionar este problema de seguridad.
Puede haber más casos
En ese sentido, los socialistas han avanzado “que vamos a indagar sobre si lo que está pasando en el CEIP Colonia de Araceli se está repitiendo en otros colegios de la ciudad”, después de tener conocimiento de que, recientemente, se ha iniciado el expediente de contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios tanto del Ayuntamiento de Almería como de los colegios públicos del municipio, que tendrá que ser efectivo el 1 de mayo.
Eso significa, ha continuado Ramírez, “que hasta que este nuevo contrato esté en vigor, se tiene que llevar a cabo la labor por parte del Ayuntamiento de la manera en la que sea oportuno: o velando por un cumplimiento real del contrato anterior, o con contratos menores en el caso de que fueran necesario”.
Y eso, ha proseguido para concluir, “es lo que resulta evidente que no se está haciendo y ante lo que vamos a pedir también la información y explicaciones oportunas al equipo de gobierno”, con la intención última de forzar “que actúen de inmediato y cumplan con sus obligaciones en un tema de tanta importancia por su vinculación con la seguridad tanto de menores como del resto de la comunidad educativa”.
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