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No recuerdo un rechazo tan sonoro y mayoritario en nuestro país como el que ha provocado el anuncio retrógrado y antidemocrático de Vox de aplicar el Pin parental en Murcia, en Andalucía y en otras comunidades utilizando a los menores y a la educación como moneda de cambio y amenaza para aprobar unos presupuestos. Esta obsesión reaccionaria de Vox contra los valores democráticos, que también apoya el PP, es un auténtico peligro para nuestra sociedad y atenta contra la libertad y los derechos, en este caso, de los menores pretendiendo, incluso, estar por encima de la Declaración Universal del Niño o de la Constitución española.
Ser constitucionalista debe ser, precisamente, eso: defender derechos básicos y fundamentales descritos en artículos como el 9.2 el 10.1, el 14 y, sobre todo, el 27, el del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, bajo los principios de igualdad y respeto a los derechos de la persona. Debemos educarnos para convivir en sociedad aceptando, desde el respeto, la diversidad y de ahí que el debate que se ha planteado en toda la sociedad sea tan importante y trascendental. No debemos transigir ni permitir que venza la ultra derecha, porque, en el otro lado, se sitúa lo más importante: los niños y niñas. Ha de vencer la democracia, porque está en cuestión la libertad o la esclavitud que pretenden los que quieren imponernos este pin.
Los derechos de los menores están por encima de todo y esta medida es una vulneración de sus derechos que afecta a los contenidos diseñados e impartidos en nuestros colegios al querer cercenar la libertad, la igualdad y los valores que forman parte de los principios de la escuela democrática, que es la mayor y mejor institución para hacer ciudadanas y ciudadanos libres que vean, conozcan y decidan más allá de sus propias familias y entornos sin una visión sesgada, sectaria y limitada del mundo y de sus futuros como personas adultas.
La artimaña de la ultra derecha es un intento de control ideológico de la sociedad utilizando a los más vulnerables. La derecha no debe quedar al margen y debe plantar cara a estas actitudes de querer darle una vuelta atrás a todo un país, a una generación como la que se está formando en nuestros colegios. Hay que poner fin a esta falta de respeto a la educación, a la pretensión de restar autoridad y prestigio a quienes se dedican a la docencia y a la comunidad educativa en general.
Pretender hacer política con los menores y trasladar este debate a los espacios de enseñanza en libertad debe ser contestado mayoritariamente por toda la sociedad de una forma rotunda ante una pretensión que rompe derechos sociales conquistados y pretende restar libertad y convivencia, porque los gustos y las orientaciones sexuales de nuestros hijos no las puede elegir la derecha y porque el derecho del niño o niña y su libertad como seres humanos prevalecen ante estas actitudes irresponsables que buscan el adoctrinamiento.
Evitemos lo que la extrema derecha pretende y con lo que está arrastrando a otras derechas que, en el pasado, eran más moderadas y que han perdido actualmente toda su identidad y se pliegan a planteamientos reaccionarios. Lo que pretenden es adoctrinar con un modelo conservador y parcial, atacando desde el cuestionamiento permanente la educación en libertad, pública y gratuita, basada en valores democrático,s rompiendo así uno de los mayores consensos de nuestra democracia sobre el sistema educativo y la escuela democrática constitucional que tiene como fundamento la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica en el respeto a los derechos y libertades fundamentales.
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