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La primera semana de febrero nos ha reportado varios escenarios de diálogo y de voluntad de negociación por parte del Gobierno de España que se han escenificado en la convalidación de los tres reales decretos en el inicio de la actividad del Congreso que benefician positivamente a más de 11 millones de pensionistas, a 2,5 millones de funcionarios públicos y a los trabajadores que verán aumentado su salario mínimo. Pero, además, hemos asistido a un segundo escenario de diálogo con la celebración de la reunión en Cataluña para sentar las bases del diálogo perdido durante años y, por último, hay que destacar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha tardado menos de un mes en convocar este decisivo foro de diálogo y coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno, que fue creado en 1980 para estudiar y valorar los criterios de distribución de los fondos de compensación, el endeudamiento, las inversiones públicas y, sobre todo, para abrir el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la aprobación de los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas y el techo de gasto. El órgano no fue convocado por el Gobierno de Rajoy pese a todas las exigencias de comunidades y partidos políticos que, sistemáticamente, eran despreciadas.
En este órgano el PP, a través de las comunidades en las que gobierna, tuvo la oportunidad de demostrar su voluntad de diálogo y defensa del interés general de sus ciudadanos. Lamentablemente, al contrario, el PP se mostró sin ánimo constructivo, partidario de la confrontación y del desencuentro que, una vez más, antepuso el bloqueo al interés general de sus administrados con actitudes tan ridículas como confrontar con la deuda del IVA de años pasados.
El PP sabe que es imposible pagarlo debido, precisamente, a una reforma impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro, que es el único responsable de que no se pueda realizar la devolución de esas cantidades. Se trata de una situación que el Gobierno quiere compensar y solucionar con otras medidas complementarias en beneficio de los españoles de todos y cada uno de los territorios como, por ejemplo, ha sido la de relajar el déficit para el 2020 de las comunidades y otorgar más margen para alcanzar sus equilibrios presupuestarios con un 0,2% del PIB.
España lleva años con un modelo de financiación injusto e insolidario que el PP, con su mayoría absoluta, se negó a cambiar y a mejorar y que nos encorseta en un modelo obsoleto que el PSOE y Pedro Sánchez quieren cambiar para corregir la desigualdad territorial que esto genera.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteó como una oportunidad para plasmar el acuerdo y el trabajo de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas que se ha negado y obstaculizado durante tantos años por parte del Gobierno del PP, el partido que más ha contribuido a que existan desigualdades en el sistema de financiación, una situación injusta que el PSOE quiere corregir.
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