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La semana pasada se cerró con buenas noticias en cuanto a la drástica reducción del número de personas infectadas por coronavirus así como por el número de fallecidos. Estos datos llevan a la esperanza de una pronta recuperación de nuestro país. A esta alegría se añade otra excelente noticia. Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una medida que ha entrado en la historia de este país al reparar una anomalía respecto a otros países europeos y que se convierte en un paso de gigante en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El ingreso mínimo vital es una cuestión de justicia social que responde a la urgente necesidad económica de erradicar la pobreza más severa de nuestra sociedad y, dentro de ella, la infantil, que es la que más alarma.
De esta manera, el gobierno progresista de Pedro Sánchez cumple, además, con uno de los compromisos de esta legislatura que, precisamente, ha adelantado viendo su urgente necesidad por la crisis derivada del Covid19. La medida beneficiará a unos 820.000 hogares que ya eran vulnerables y que ahora están siendo especialmente castigados por la situación. El ingreso mínimo vital viene a quedarse. No es una medida puntual o coyuntural. Viene a hacer justicia en una sociedad que ha sido, en general, víctima de muchos años de recortes en materia social con los gobiernos del PP que ha dejado a España con una de las mayores tasas de pobreza y una peor distribución de renta. Esto ha generado, durante años, grandes bolsas de exclusión social que ahora pueden empezar a repararse por el camino de la justicia social de la mano de esta herramienta tan esperada por quienes más la necesitan.
La aprobación de esta medida podría ser un punto de partida perfecto hacia la reconstrucción social de este país pero, por desgracia, no todo el mundo entiende esta medida de la manera más positiva. La extrema derecha ha empujado a la derecha a combatir permanentemente cualquier gran paso que se dé para el progreso de este país. Si el PP no se desmarca de Vox estará de acuerdo con planteamientos tan indecentes e infames como el de la diputada Macarena Olama, de Vox, que el pasado viernes tildaba esta medida de “bolivariana” y “chavista” a sabiendas de que nuestro país, ese al que dicen amar y defender aunque sea de boquilla, es uno de los últimos países de la UE en implantar el ingreso mínimo vital. Italia, Francia o Alemania, entre otros, ya lo aplican.
A estas alturas todo cabe esperar de la extrema derecha, pero sigue asombrando cómo el PP no se distancia de estas posiciones. Los populares tienen varias versiones y contradicciones y quizá tendrían que atender lo que dice su exministro de Economía y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, quien defiende la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En esta oposición tan baja y mediocre que tiene este país ya sólo faltaba el cinismo de Rafael Hernando afirmando que la medida era del PP que ya da este subsidio, sin pararse a pensar que hace bien poco, en 2018, la votaban en contra en el Congreso porque era una “medida populista”. En este cóctel no podían faltar Feijó y su seguidor y palmero Juanma Moreno quienes ponen reparos aquí y allá, entrando en la forma y no en el fondo de la cuestión algo que es inherente ya al PP en su deriva de la confrontación desde hace muchos meses.
Nuevamente, el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba otra medida que pasará a la historia y forma parte del aval de un ejecutivo que ha estado a la altura dando, en este momento tan crucial, un paso más con esta nueva prestación que viene a actuar como una auténtica red de seguridad para todas las familias.
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