El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería va a proponer en el pleno de este viernes mediante Voto Particular que acompaña al Dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre el ‘Caso mascarillas’ la dimisión del presidente de la institución que dirige el PP, Javier Aureliano García, y del diputado de Presidencia, Fernando Gimenez, por “acción negligente” e “in vigilando” y, al presidente, también por “in eligendo” ya que fue quien nombró tanto a Giménez como al ahora exvidepresidente y exdiputado de Fomento, Óscar Liria, tras su detención por la Guardia Civil quien le acusa de figurar en una supuesta trama de malversación en la adjudicación de material sanitario en plena pandemia, motivo por el que estuvo 13 días en prisión en junio por orden de una jueza de Barcelona y actualmente está en libertad provisional.
“Vamos a solicitar la dimisión de Javier Aureliano García al haber quedado acreditado que no estableció los mecanismos de evaluación, control y fiscalización política para evitar que esta trama operara en el ente provincial, cuya competencia y responsabilidad es inherente al cargo que ostenta”, ha argumentado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo Cazorla quien ha explicado también los motivos que llevan al PSOE a pedir este viernes la dimisión de Fernando Giménez a quien consideran “responsable político de la elección de Azor Corporate”, una de las empresas que actualmente investiga la jueza de Barcelona y foco del ‘Caso mascarillas’ al ser a quien el equipo de Gobierno del PP adjudicó el contrato de la compra de mascarillas y material sanitario por 2 millones de euros a cambio de una supuesta comisión a favor de Óscar Liria de entre 200.000 y 400.000 euros “como textualmente consta en las diligencias judiciales”.
Para Lorenzo Cazorla, la Comisión Especial creada en la Diputación Provincial que había de investigar estos hechos “ha sido un espectáculo de inicio a fin que ha sido consagrado en su penúltimo capítulo por este dictamen –aprobado sólo por PP y Cs- que es una bendición a la corrupción sin límites, a la corrupción sin peajes y sin responsabilidades políticas, y donde la investigación de lo ocurrido ha sido de todo menos transparente”.
Para los socialistas, PP y Ciudadanos “pretenden dar carpetazo a una comisión de investigación que ha degenerado en una comisión del compadreo, sin que el presidente de la Diputación haya dado la cara, a pesar de que tenía mucho que explicar, y donde los cargos públicos del PP que han dado la cara han pretendido reírse de este órgano, como es el caso del diputado de Presidencia” por lo que piden a ambos que se marchen.
Desde la génesis de la Comisión, que nació al amparo del acuerdo del Pleno Extraordinario de junio, el PSOE ha denunciado “falta de compromiso y de transparencia”. “Hemos comprobado, desde el primer momento, que tanto el presidente de la Diputación como su equipo de gobierno no tenían la más mínima intención de que la Comisión especial de Investigación realizara su trabajo con independencia y transparencia” y, para ello, según Lorenzo Cazorla, “han impedido por todos los medios a su alcance facilitar la información necesaria para dirimir y determinar las responsabilidades políticas de esos escandalosos hechos”.
Azor Corporate y Pulconal
“Es absolutamente delirante que tanto el presidente como el diputado de Presidencia no se hagan responsables en ningún aspecto del contrato de dos millones de euros con Azor Corporate SL, a pesar de que la propuesta de la contratación parte del diputado de Presidencia y lo firma el presidente y por el que terminó siendo detenido el ya ex-vicepresidente tercero del equipo de Gobierno del PP”, ha censurado el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial quien considera “un insulto a la inteligencia de toda la sociedad provincial que se dé carpetazo a la comisión mientras que no se asuma ninguna responsabilidad política por parte de Javier Aureliano García ni de Fernando Giménez”.
En lo relativo a los expedientes relacionados con la mercantil Pulconal, según el PSOE, ha quedado “constatada” la “clara intención política de contratar con dicha empresa obras de distinta índole, usando el procedimiento del contrato menor como mejor forma de eludir distintos controles administrativos”. “Es evidente que a través de los procedimientos reglados nunca hubieran pasado el filtro en las mesas de contratación, tanto por los vínculos familiares existentes como por la incapacidad técnica y solvencia para ejecutar dichas obras, siendo firmados dichos contratos reiteradamente por el presidente”, ha argumentado Lorenzo Cazorla.
