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El concejal Urbanismo del Ayuntamiento Garrucha, Álvaro Ramos, ha valorado la citación judicial que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha realizado a la exalcaldesa de Garrucha y actual presidente provincial del PSOE, María López Cervantes, por la contratación de una auxiliar administrativa en agosto de 2021 que previamente fue en las listas electorales de su partido político, una investigación judicial que se ha ampliado a decenas de contratos más, algunos de ellos con reparos de la Intervención municipal.
En ese sentido, la citación emplaza a la exalcaldesa a acudir al juzgado el próximo 27 de febrero, y de no comparecer, podrá ser sancionada con multa de 200 a 500 euros. Un día antes ha sido citado a declarar en calidad de perjudicado el edil Álvaro Ramos (‘Garrucha para la Gente’), que fue quien denunció en su día las presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa socialista. Las citaciones se producen después de que la Audiencia Provincial de Almería revocase el auto de sobreseimiento y ordenase la continuación de la instrucción en la causa contra la exalcaldesa, investigada originalmente por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro contra los derechos cívicos.
Álvaro Ramos ha recordado que “durante cuatro años en la oposición, hemos estado solicitando información a la anterior alcaldesa sobre la contratación a dedo de militantes del PSOE, así como de familiares y allegados de militantes socialistas, y siempre nos han negado el acceso a esa información, hasta tal punto que hemos tenido que certificar mediante notario que nos impedía el acceso a esa información”.
Como indica el concejal, el fin de esta denuncia “no es ir contra los trabajadores del Ayuntamiento, sino que los responsables de cercenar nuestro derecho a recibir esa información, con la exalcaldesa a la cabeza, rindan cuentas ante la justicia. En total, hablamos de más de una veintena de contratos presuntamente irregulares que han provocado que el presupuesto de gasto en personal municipal haya subido un 65%, al mismo tiempo que han dejado al Ayuntamiento completamente endeudado y en la ruina, con el menoscabo que eso supone para los vecinos de Garrucha”.
Para Ramos, eso supone “un gasto insostenible, y además impide que se puedan realizar las inversiones necesarias en nuestro municipio, pues entre pagar deudas heredadas y sueldos de esos contratos presuntamente irregulares, la capacidad económica del Ayuntamiento está muy mermada”.
Álvaro Ramos sentencia que “esto no es una lucha personal mía contra la exalcaldesa, sino que es una lucha por la verdad, por el bien de mi pueblo, y por acabar para siempre con la falta de transparencia, la opacidad, el enchufismo y el cercenar el derecho que toda oposición tiene a la fiscalización del Gobierno municipal”.
Precisamente este jueves, el Ayuntamiento de Garrucha anunciaba que ha acordado personarse como parte perjudicada en dos procedimientos judiciales abiertos contra el anterior equipo de gobierno encabezado por la exalcaldesa socialista. La decisión de personarse como parte afectada tiene como objetivo el poder ejercitar las acciones legales pertinentes contra los responsables de los presuntos delitos que se investigan —malversación de fondos públicos y contratación irregular de personal—, así como reclamar la posible responsabilidad civil derivada de los hechos enjuiciados. Estos procedimientos judiciales hacen referencia a dos casos de especial relevancia para el municipio: la presunta contratación irregular de personal del Ayuntamiento ya citada, y la presunta desaparición de cuatro millones de euros de las arcas municipales; este segundo caso hace referencia a la presunta desaparición de dinero obtenido por el Ayuntamiento de Garrucha a raíz de la concesión para la gestión del agua pública en el municipio, un servicio que se privatizó durante el pasado mandato.
El actual equipo de gobierno considera "esencial" la personación del Ayuntamiento en estos procedimientos para defender los intereses de los vecinos de Garrucha y garantizar la transparencia en la gestión pública.
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