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Ni gente sin casa, ni casas sin gente
La semana que termina será recordada por muchos ciudadanos como la semana de la esperanza. El Gobierno de izquierdas de Andalucía, con Pepe Griñán a la cabeza, ha dado respuesta a una justa demanda: Evitar que la gente sea desahuciada sin más por bancos y cajas de ahorro, dejándolos en la exclusión social.
Un decreto de la Junta de Andalucía ha evidenciado que cuando se quiere dar solución a los problemas –graves, gravísimos en este caso- de los ciudadanos, se puede. Hace falta voluntad política y, sobre todo, sensibilidad. Conocer el drama por el que atraviesan miles de familias en este país, despojadas de un techo y atadas de por vida a los contratos abusivos de las entidades financieras en tiempos de bonanza económica ha sido fundamental para poner en marcha medidas entre las que destacan la expropiación temporal por parte de la Junta a bancos, cajas e inmobiliarias de aquellas casas de las que están echando a familias completas. Personas que, únicamente, han tenido la mala suerte en un momento de sus vidas de ser víctimas de una crisis -que ellos no provocaron- que los ha terminado dejando sin trabajo y sin recursos económicos suficientes para hacer frente a la deuda con el banco.
Cuando hablamos de esta decisión de la Junta de Andalucía, que ha sido acogida con agradecimiento y reconocimiento por la sociedad, hablamos de justicia social. Un concepto que se tiene que aplicar al abordar el problema a nivel nacional, aceptando las medidas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular liderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y refrendada por 1,4 millones de firmantes. A estas alturas, no podemos permitirnos vivir en un país en el que la dación en pago no sea una realidad si el hipotecado no puede hacer frente a sus obligaciones. Ni tan siquiera el país más liberal económicamente hablando como Estados Unidos se atreve a condenar a sus ciudadanos a la exclusión social por haber decidido comprar una vivienda.
Mientras que el PP estaba preocupado estos días en buscar la manera de despedazar sin que se arme mucho revuelo la Iniciativa Popular planteando un texto de Ley que no aporta soluciones reales, el PSOE ya ha anunciado a nivel nacional que pedirá extrapolar al conjunto del país la iniciativa andaluza. Además, los socialistas respaldamos punto por punto el texto popular al que, incluso, hemos presentado mejoras como la protección a los avalistas –para evitar que ellos también sean expulsados de su hogar- y de los negocios de autónomos.
El destino muestra ahora al conjunto de españoles lo que para los socialistas almerienses ya se veía como una realidad: Que Andalucía demuestra que otra forma de gobernar es posible, convirtiendo la protección de las personas en la prioridad a la hora de enfrentarnos a la crisis. Cuando quienes nos gobiernan tienen interiorizada esa realidad, la valentía y la búsqueda de soluciones vienen solas y hacen posible la redacción de decretos como el que nos ocupa en el que, además, se advierte también a las entidades propietarias de viviendas que las mantienen vacías que serán sancionadas en caso de no ponerlas a disposición para su alquiler.
No es de recibo, y todos estamos de acuerdo, que haya gente si casa y casas sin gente. Los últimos informes económicos conocidos señalan que en la provincia almeriense son más de 24.000 las viviendas desocupadas con el llamativo detalle de situar a Roquetas de Mar como el municipio con mayor número de ellas. El alcalde del municipio, presidente del PP de Almería y presidente de la Diputación Provincial debería de estar especialmente preocupado ante esa realidad –la que viven día a día sus ciudadanos- pero parece que la sensibilidad y el acercamiento al pueblo no le van en este tema. Es más, llama poderosamente la atención como sus compañeros de partido han intentado menospreciar la medida acordada por el Gobierno andaluz sin ni un solo argumento que se sostenga. Más allá de su acérrima defensa de la banca, de su alejada sintonía con la realidad que vivimos, los ciudadanos lo único que están encontrando en el Gobierno de Rajoy y en el Partido Popular es una gran desolación y desesperanza.
Ninguna persona sin vivienda
A los que dudan, que son pocos pero ruidosos y miran a Venezuela – ya les vale- como su mejor salvavidas para oponerse a que los ciudadanos puedan vivir en condiciones dignas, les recuerdo que la Constitución establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También lo hace el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, en el que se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda.
El Decreto Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobado por el Gobierno andaluz da una respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y a una insistente demanda ciudadana: la del acceso a una vivienda para desarrollar un proyecto de vida digno, puesto que sin vivienda no hay dignidad y sin dignidad no hay futuro.
Las medidas previstas pivotan sobre dos ejes fundamentalmente: el fomento del alquiler y la expropiación temporal de las viviendas para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social. La decisión de la Junta de Andalucía supone, por lo tanto, un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares y contrasta, además, con la sumisión del Gobierno de Rajoy a los dictados de la banca. Más claro: Andalucía no juega con las esperanzas de las familias desahuciadas y no trampea con la voluntad ciudadana como ha hecho la derecha con la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación de pago.
La Junta, a través del Decreto Ley que ha aprobado, podrá expropiar temporalmente el uso de los inmuebles embargados a personas en riesgo de exclusión social, garantizando así el derecho a la vivienda de quienes menos tienen. Se trata de una medida excepcional para casos excepcionales y se aplicará a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias. En ese caso, la Junta abonará a estas entidades el 2% del justiprecio, la cantidad por la que la vivienda se haya adjudicado en subasta.
Este decreto es la respuesta de un Gobierno de izquierdas que está al lado de los más desprotegidos por la crisis y que tiene como máxima aspiración que no haya viviendas sin gente ni gente sin vivienda. ¿Es esto lo que tanto molesta a la derecha de este país? ¿A quién defiende el PP cuando carga contra esta medida? ¿A los bancos o a los ciudadanos? La respuesta está en la misma pregunta.
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