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Lo que sucedía el pasado martes en el Congreso de los Diputados, por un lado, y en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por otro, fue el mejor ejemplo de que, como reza el lema de los afectados por las hipotecas, si hay voluntad, “sí se puede”. En ambos escenarios se abordó ese día el problema de los desahucios, con resultados bien distintos: mientras del Congreso sólo salió, por la intransigencia del PP, la decisión de volver a sentarse dentro de dos semanas para estudiar un texto descafeinado que, tal y como lo plantea el PP, es imposible que recabe los apoyos que necesita; en Sevilla, el Gobierno andaluz aprobaba un decreto urgente para garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía. Ni todos los políticos somos iguales, ni todos los partidos son lo mismo, y éste es un claro ejemplo de que, a la hora de defender a los ciudadanos, nos separa un abismo.
Ante el problema de los desahucios, el PP está aplicando una estrategia basada en la cobardía y en pretender, para colmo, que su actitud no tenga un coste político. Primero intentaron retrasar la llegada al Congreso de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios que ha firmado casi un millón y medio de ciudadanos. Cuando no les quedó otro remedio, aceptaron tramitarla, pero a la hora de la verdad, cuando llegó el momento de debatirla, ‘refundieron’ la iniciativa con un proyecto de Ley que ya tenían hecho y presentaron a los demás grupos políticos un texto imposible, que no da solución a nadie: ni a las familias que no pueden pagar su vivienda, ni a las que están esperando a ser desahuciadas, ni a quienes ya han perdido su vivienda. Ahora se ha dado un plazo de una semana para presentar nuevas enmiendas y buscar otra vez un consenso que, a este paso, es difícil que se produzca. Mientras esto sucede, y a la vista de los plazos que se están manejando para la aprobación de la ley, desde el PSOE ya hemos pedido que se paralicen, de manera urgente e inmediata, todos los desahucios.
Frente a la inacción del PP, en Andalucía el Gobierno de la Junta sí ha actuado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Con ese objetivo se ha aprobado un Decreto Ley urgente, que está previsto que entre en vigor hoy mismo, y que contempla mecanismos para fomentar el alquiler, pero, sobre todo, para impedir que ninguna familia pueda ser desahuciada si está en riesgo de exclusión social. Con ello se demuestra que solucionar el problema de los desahucios no es una utopía, sino una sencilla cuestión de voluntad: si se quiere, se puede.
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