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El pasado 28 de junio la portavoz del gobierno de Mariano Rajoy anunció la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto Andaluz de medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda en Andalucía, el llamado “Decreto Antidesahucios”.
El Decreto-Ley 6/2013, de medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado mes de abril, introduce una serie de medidas destinadas a garantizar el derecho al uso de una vivienda a las familias que no han podido hacer frente al pago de su hipoteca por encontrarse en una situación de falta de recursos sobrevenida, lo que se conoce como "deudor de buena fe", y en riesgo de exclusión social por causas ajenas a su voluntad como consecuencia de la crisis capitalista y estafa bancaria que estamos padeciendo en este país provocada por los grandes poderes económicos y financieros.
Entre las medidas aprobadas destacan la expropiación del "uso de la vivienda" por un plazo de 3 años ante casos de desahucios de familias en la situación referida, y un sistema de penalización mediante el cual se multarán con una cantidad de hasta 9.000 € aquellos pisos que permanezcan vacíos durante más de 6 meses en manos de personas jurídicas (bancos, promotoras, inmobiliarias, etc.).
Dicho decreto es fruto de un masivo proceso de movilización popular, sin precedentes en la historia de este país, por el derecho a la vivienda, en el que millones de personas participaron, por toda la geografía española, de las campañas, manifestaciones y acciones de distinto tipo para impedir el desahucio de miles de familias, denunciar la estafa inmobiliaria y los abusos de las entidades financieras así como exigir que se tomen medidas concretas para garantizar el derecho a la vivienda como recoge el artículo 47 de la Constitución Española y los distintos ordenamientos jurídicos autonómicos, además de que cese de manera inmediata la vulneración de los derechos de los consumidores que no han tenido posibilidad de defensa en los Tribunales, ya que los desahucios que se están produciendo ahora son ilegales, fruto de procesos contrarios a la normativa Europea de Consumo, en particular a la directiva 13/93, como ha dicho en su reciente sentencia de 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las distintas organizaciones y movimientos sociales que trabajamos por el derecho a una vivienda digna en Andalucía, hemos apoyado el Decreto de la Función Social de la Vivienda como un importante primer paso en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las entidades financieras y la estafa bancaria, y seguimos insistiendo en la necesidad de la declaración del estado de emergencia habitacional, para que se continúe avanzando en ese camino y se desarrollen medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todas las personas.
Andalucía atraviesa una situación dramática de crisis con unas tasas de desempleo y unos niveles de pobreza y precariedad en crecimiento, que señalan un escenario de emergencia social y habitacional sin precedentes que exige medidas urgentes que pongan por delante los derechos de la ciudadanía frente al beneficio de las élites financieras. Hay vidas en juego.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular, excusándose en las presiones y amenazas recibidas contra el Decreto por parte de la Comisión de la Unión Europea, demuestran con claridad que dicho partido responde ante todo a los intereses de los poderes financieros que dominan esta instancia europea, que no son otros que los acreedores internacionales de la banca española. Y va en dirección contraria al camino elegido por otras Comunidades Autónomas como Canarias o Navarra.
La situación es extrema y dramática para muchas familias ya sin casa o amenazadas de desahucio, lo que agudiza el carácter antisocial del recurso anunciado, por lo que desde el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda mostramos nuestro más enérgico rechazo al recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno del Partido Popular y convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y España a movilizarse en contra de cualquier medida de este tipo que suponga un paso atrás en el derecho a una vivienda digna.
¡¡Sí Se Puede!!
Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda
PAH Almería
Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS Córdoba
PAH Sevilla
PAH Huelva
Intercomisión 15M de Vivienda de Sevilla
PAH Estepona
PAH Benalmádena
Plan de Rescate Ciudadano (PRC)
PAH Málaga
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