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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en estos días que no se puede decir que España va bien, pero sí que España va mejor. Una frase lapidaria que, sin embargo, le faltó rematar con un “nos va mejor a los que siempre nos ha ido muy bien”, más acorde con los tiempos que corren. Porque esto es lo que piensan realmente los ciudadanos, que asisten boquiabiertos a la exposición pública de la presunta contabilidad B del partido popular, que la derecha ha nadado en la abundancia mientras persigue con sus recortes a los trabajadores, enfermos y pensionistas.
Cada día se van conociendo nuevos datos que confirman la presunta existencia de una red de corrupción apadrinada por el binomio Gürtel-Bárcenas que habría financiado de forma ilegal al PP durante muchos años. Y que una buena parte de ello se podría haber orquestado y controlado desde la sede central de este partido por quien era Gerente y Tesorero del PP, Luis Bárcenas, actualmente en prisión.
A pesar de todo esto, el PP ha impedido que presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Su mayoría absoluta tumbó esta semana la petición que le hizo toda la oposición y arremetió contra todo y contra todos en una desquiciada defensa de lo indefendible. Entre otras razones, porque el portavoz del PP Alfonso Alonso, llegó a plantear que toda la oposición ejerce de abogados defensores de Bárcenas, “apadrina a un delincuente”, y es “su rehén”, olvidando, sin embargo, que el ex tesorero es un delincuente, sí, pero es el delincuente del PP.
El partido popular, por lo tanto, no puede mirar hacia otro lado y querer hacer ver que esto no va con ellos, que es un asunto ajeno a su partido, porque la realidad es que quien está contando todo esto es la persona que ha estado a cargo de las finanzas económicas de su organización durante décadas. Una persona que ha hecho y deshecho a su antojo y presumiblemente - no cabe otra lectura- con el beneplácito, el consentimiento y el conocimiento de la cúpula del partido popular.
Esta semana, además, han aparecido también testimonios y documentos que comprometen gravemente al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien se afirma que habría cobrado sobresueldos en dinero negro, cuando era ministro, algo que resultaría doblemente ilegal. Es decir, sería ilícito que cobrara siendo ministro porque legalmente estaba prohibido y también porque ese dinero no habría tenido su correspondiente fiscalización en Hacienda.
Está en cuestión, por lo tanto, la financiación del partido que hoy gobierna en España y está bajo sospecha la honorabilidad del Presidente del Gobierno. Y aún más, está en entredicho que el PP haya jugado con ventaja en los procesos electorales, sobrepasando el gasto autorizado por la Ley en las campañas, mediante pagos en dinero negro.
Si cobrar dinero de forma indebida es ilegal, mentir públicamente es inmoral. Y ambas cosas son incompatibles con gobernar en una democracia. Si se demuestra que Rajoy ha cobrado indebidamente siendo Ministro y ha mentido siendo Presidente, no puede seguir gobernando España. Por eso, ante las gravísimas dudas que despierta todo este asunto, Rajoy tiene que dar la cara, pero no detrás de un plasma sino en sede parlamentaria, en el Congreso de los diputados. Y si no puede o no quiere explicarlo, sencillamente tiene que dimitir.
Lo más grave de todo este asunto es que, de momento, desde las filas del PP no se ha ofrecido ni una sola explicación de lo que ha ocurrido en su partido, más allá de que todo es falso. Bueno, todo salvo alguna cosa, tal y como dijo el propio Rajoy y de quién todavía esperamos que aclare a “qué cosa” se refería. Si a la cosa de la financiación, a la cosa de los sobresueldos o a la de las comisiones ilegales por adjudicaciones de obras.
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