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Pérez de los Cobos cuando juró el cargo sabía que no podía seguir militando en el PP. Pero como no tenía ninguna función directiva en el partido, y como no provenía de la carrera judicial, sino que es un modesto catedrático de universidad, entonces sí que podía estar allí sentado presidiendo el Tribunal Constitucional.
Sentado allí impidió que Garzón terminara una investigación judicial dirigida a miembros del PP, y lo apartó de la carrera judicial admitiendo la acusación de prevaricación; sentado allí impidió que prosperara en Andalucía el decreto antidesahucios; allí sentado impidió que la condena a muerte de Miguel Hernández (1940) fuera nula y así quedar el poeta descriminalizado y rehabilitado; allí sentado dio al traste con la declaración soberanista de Cataluña; allí sentado permitió que Otegi siguiera demonizado y encarcelado, y así cuarenta casos más, en los que el modesto catedrático metió la cuchara burda e intencionadamente.
Pero la opinión pública no exige la verdad formal (en todo caso si fuera un contexto matemático podría cuestionarse el asunto) de la conciencia legal y moral de Pérez de los Cobos. La opinión pública quiere la verdad como justificación en diferentes contextos participativos, como son los relativos a la prosecución de la justicia, la preservación de la vivienda, la recuperación de la dignidad o la aspiración política de un sector de la sociedad. El presidente del Tribunal Constitucional no se va por ahora (escribo esto la mañana del domingo 21), y menos ahora que lo cuestiona la calle. Ahora como buen español se queda apoltronado en el sillón para seguir combatiendo a los enemigos de la patria y protegiendo a los chorizos de su ex partido.
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