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Esta próxima semana se cerrará el actual curso político con un presidente del Gobierno que comparecerá a rastras en el Congreso para explicar, si puede, todo lo que se ha venido conociendo sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular y los sobresueldos que, al parecer, tan ligeramente se repartían desde la sede de Génova. Este fin de fiestas que nos ofrecerá Mariano Rajoy es el colofón a una nefasta gestión política de los acontecimientos que se han ido sucediendo y a la gravísima situación que padece el país en términos económicos, sociales y de desempleo.
Un curso político, el que ahora acaba, que comenzó con una brutal subida del IVA, lo que les ha supuesto un encarecimiento brutal del coste de la vida a las familias, a la vez que se recortaban las partidas destinadas a la sanidad, la educación o los servicios sociales; se imponía un repago judicial, se firmaba la defunción de la Ley de Dependencia y se castigaba a los más débiles al no revalorizar las pensiones que se han ganado con su trabajo. Esta ha sido la tónica de un Gobierno atenazado por los escándalos que, sin embargo, no ha tenido compasión a la hora de recortar en derechos a unos ciudadanos que en noviembre del pasado año dijeron basta y se sumaron a una huelga general en defensa de su presente y de su futuro.
La reforma de la Administración local que pretende perpetrar el Ejecutivo de Rajoy o el recurso interpuesto ante el Constitucional para bloquear las medidas que la Junta ha puesto sobre la mesa para frenar los desahucios, han terminado de colmar un vaso ya repleto de medidas injustas que solo se entienden desde un punto de vista ideológico: La derecha trazó un plan al llegar al gobierno y lo está cumpliendo de forma implacable, a pesar de que su programa electoral dijera todo lo contrario.
Entre tanto, Almería ha sufrido un abandono absoluto por parte del PP a través de los Presupuestos Generales del Estado al frenar las obras de la Alta Velocidad, “enterrar” el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad o incumplir sus compromisos con las actuaciones hídricas pendientes, como es el caso de la desaladora del Campo de Dalías. En un año, además, contamos en la provincia con 1300 parados y paradas más, según la última Encuesta de Población Activa.
A la vista de lo expuesto, la nota media del Gobierno de Rajoy en este curso se queda por debajo del muy deficiente, en un suspenso sin paliativos, por lo que necesariamente tendrá que volver a examinarse en septiembre.
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