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La Plataforma por Andalucía Oriental muestra su preocupación ante los datos publicados por el El informe 'Pobreza 3.0. que colocan a la Comunidad Autónoma Andaluza en el primer puesto de pobreza de toda Europa. Está claro que la unión artificial de dos regiones históricas como son la Alta y la Baja Andalucía ha sido todo un fracaso. Esta organización territorial se hizo atendiendo a intereses económicos y políticos que poco tenían que ver con las necesidades de los habitantes de estas provincias del Sur de España.
Cuando en la Asamblea de Córdoba de 1933 los representantes políticos y sociales de las provincias de Almería, Granada y Jaén advertían de que unir las regiones de Andalucía Oriental y la Occidental acarrearía más problemas que soluciones, no andaban mal encaminados. Con la entrada de la democracia a finales de la década de los Setenta también se insistió desde Andalucía Oriental en la necesidad de crear las dos regiones del Sur de España como comunidades autónomas independientes, así lo avalaba la historia. Tras este error histórico, nuestra asociación no quiere centrarse en el problema sino en aportar soluciones. Por ello, ante la grave situación que sufren muchos ciudadanos de las provincias de Almería, Granada y Jaén, además de los del resto de nuestro país, queremos plantearle al Sr. Rajoy nuestra propuesta con el objetivo de que sea implantada en toda España.
Las Comunidades Autónomas fueron la gran apuesta de la naciente democracia española de finales de los años setenta y principios de los ochenta. Entonces se organizó el Estado español en diecisiete comunidades autónomas con la supuesta intención de equilibrar el territorio nacional. Sin embargo, desde las primeras decisiones que se tomaron, se empezó a desvelar que los beneficiarios del nuevo sistema eran los distintos grupos de poder que gestionaban recursos económicos en las distintas autonomías que ellos inventaron. Pasados más de treinta años, los ciudadanos hemos ido evaluando las fortalezas y deficiencias del sistema autonómico. La situación económica actual nos hace reflexionar sobre la viabilidad económica del actual “estado de las autonomías”. Hablar del estado centralizado ha dejado de ser un tema tabú. Está perdiendo efecto la estrategia de los ideólogos de los nuevos mini-estados en que se convirtieron las comunidades autónomas. Estos lobbies políticos han resultado dañinos para las personas y entidades independientes que pretendían una España más próspera, igualitaria y democrática. Somos cada vez más los españoles que opinamos que este sistema tiene que cambiar de raíz, ya que no nos representa y no significa una alternativa al elevado gasto público que está hundiendo la economía y el futuro de los más de cuarenta millones de españoles.
Por otro lado, la política de equilibrio territorial que pretendía conseguir la Constitución Española se ha demostrado fracasada. Se crearon comunidades autónomas sin base histórica, lo que ha provocado que regiones como Andalucía Oriental quedaran gravemente afectadas al observar cómo sus derechos históricos, económicos, sociales y políticos se veían aminorados y en muchos casos usurpados completamente en beneficio de la otra parte de la comunidad autónoma, que a su vez aumentaba sobre manera su poder político, sus infraestructuras, tejido industrial y número de empleados públicos debido a una centralización de la mayoría de organismos y entes públicos. La racionalidad económica y equilibrio territorial de la primera generación de estatutos de las comunidades autónomas a principios de los ´80 ha dado paso a las costosas estructuras burocráticas en que han quedado convertidas las comunidades con la reforma de dichos estatutos durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual modelo resulta inviable ante la falta de recursos económicos, dado que estos se han agotado debido a la mala planificación y al derroche de los políticos en el poder: en cada comunidad autónoma siguen existiendo decenas de organismos, empresas públicas, patronatos, agencias, etc., que no parecen necesarios ni eficientes, y sólo sirven para llenar los bolsillos de sus múltiples cargos. No deben seguir como tales mientras los ciudadanos pierden derechos en educación, sanidad y otros servicios de primer orden.
Para argumentar todo lo expuesto sobre la temprana deformación de la estructura administrativa de estas nuevas entidades, resaltamos varios ejemplos contrastables:
1) Informes previos de expertos administrativistas aconsejando un modelo único de comunidades autónomas apoyado en las entidades territoriales preexistentes, es decir diputaciones, con mecanismos análogos a los de mancomunación.
2) Caso de artículo 4.4 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, que establecía la administración periférica de la Comunidad autónoma a través de diputaciones, y su rápida modificación mediante la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su Territorio, para constituir y consolidar delegaciones provinciales de la Comunidad, instaurando un modelo duplicado de delegaciones provinciales de la Comunidad autónoma que fue consagrado a través de Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3) Nuevo intento de superponer nuevas organizaciones territoriales a las preexistentes diputaciones, a través de la Ley de Veguerías de Cataluña aprobada el 27 de julio de 2010.
4) Bases para la Elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental publicadas en 1924, documento que plasmaba una organización autonómica para la Región de Andalucía Oriental basada en una mancomunidad de diputaciones provinciales. Nuestra Asociación lo toma como modelo a proponer para dotar a la administración de eficiencia, tanto en el gasto como en la gestión de los recursos de interés de las provincias. No existiría Parlamento autonómico ya que los diputados provinciales compondrían el órgano legislativo, que se reuniría en las distintas diputaciones. Tampoco habría sede del Gobierno de la comunidad autónoma, ya que el mismo, formado por los diputados provinciales, visitaría todas las provincias, sistema parecido al que utiliza la Unión Europea. Las consejerías y demás órganos de poder estarían distribuidos geográficamente por toda la región, beneficiando de esos puestos de trabajo y riqueza a todos por igual. Se evitaría la duplicidad actual de cargos públicos gestionando los diputados provinciales la administración autonómica en las provincias, con el consiguiente ahorro en representación, dietas, sueldos, asesores, etc. Todo esto es el “acercamiento del poder al ciudadano”, lo contrario que sucede en el gigante autonómico llamado Andalucía y en otras muchas comunidades españolas. Además proponemos la creación de órganos de control independientes, sin influencia de los gobernantes, que velen por una democracia real para nuestro país.
Es intolerable que millones de familias vivan en la pobreza, cuando hay soluciones que se pueden adoptar. Por todo ello, desde esta Asociación pedimos al Sr. Rajoy que tenga en cuenta que somos muchos los ciudadanos españoles que queremos un modelo de gestión territorial que de verdad responda a las necesidades del interés general de los ciudadanos.
Francisco García Caro
Presidente de la Plataforma por Andalucía Oriental
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