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La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, valora muy positivamente el “blindaje que se ha hecho desde la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía a las competencias de las administraciones locales, frente a la reforma del PP que vacía de contenido sus competencias, sin financiación y abre la puerta a la privatización de servicios. Vulnera los principios de autonomía financiera y supone un ataque a la democracia y las leyes andaluzas y deja en papel mojado todo lo que se refiere en materia de competencias al Estatuto de Autonomía”.
Martín destaca que los ayuntamientos, en estos años de democracia, “han sido la columna vertebral de la cohesión económica y social en Andalucía, permitiendo el desarrollo de los pueblos”. Frente a esto la derecha nos trae “una reforma amparada por las imposiciones de la Troika, de Europa, que nos quieren limitar la democracia y el papel de los ayuntamientos, con medidas como la reforma del artículo 135 de la Constitución o al ley estabilidad presupuestaria, que obligan a las administraciones públicas a pagar la deuda financiera por encima de todo”.
La reforma plantea el tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidas en el Estatuto de Andalucía y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado. “Es un ataque a la descentralización que plantea la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, que posee un profundo sentido municipalista. Con esta reforma del PP se refuerzan las diputaciones, instituciones de legitimidad democrática indirecta, que pasarán a coordinar los servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, acceso a núcleos de población y pavimentación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Almería son el 80%”.
la reforma local pone en peligro políticas municipales como Los servicios sociales comunitarios, La atención a las personas mayores y a las personas dependientes, Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, La lucha contra la violencia de género, Las oficinas municipales de información al consumidor, Las escuelas infantiles y los centros de educación de adultos, el mantenimiento de los colegios, la promoción de vivienda social o la posibilidad de fomentar la participación ciudadana en los asuntos políticos y democráticos de ciudad.
Ante esto, la Junta de Andalucía recurrió ante el Tribunal Constitucional y ahora ha emitido un decreto ley para blindar las competencias de los ayuntamientos andaluces, así “se preservan las competencias de los ayuntamientos, los servicios que se prestan a la ciudadanía, el empleo y cerrar las puertas a las privatizaciones, y con financiación, ya que la reforma pone en riesgo los 1.400 millones que llegan de la Junta a los ayuntamientos y 40.00 empleos públicos, de ellos 4.000 en Almería”.
“Con el decreto ley queremos evitar asimismo que determinados presidentes de Diputación utilicen de manera arbitraria esa reforma. Entendemos que este decreto no es recurrible, ya que hay uno muy similar en Castilla León que no ha sido recurrido así como una disposición en Galicia”, finaliza Martín.
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