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El Partido Popular viene confundiendo de forma sistemática las instituciones donde gobierna en Almería, en la Diputación provincial y en muchos Ayuntamientos en nuestra provincia, con la sede o sucursal de su partido y de sus amigos. Lo hacen como si fuese su cortijo, repartiendo favores, ayudas a dedo y llegando a situaciones tan vergonzosas como la reciente campaña publicitaria de la Diputación, que utiliza las siglas del PP de manera descarada.
En ningún momento se ha aprobado en la Diputación lo que llaman “Plan Provincial de Apoyo a la Agricultura” –PP-A- sino un plan de arreglo de caminos municipales. La trampa orquestada por el PP ha consistido en cambiar su nombre para que le cuadren las siglas de su partido, en un intento de crear confusión entre la publicidad institucional y las siglas de su organización política.
Esta situación pone negro sobre blanco la permanente confusión que practican los dirigentes populares de Almería en las instituciones donde gobiernan, mezclando los intereses públicos, los del partido y los privados de sus afines, algo por lo que los vamos a llevar a los tribunales.
La difusión de esa propaganda es un claro ejemplo de publicidad engañosa que solo tiene por objetivo el rédito electoral y por la que sus responsables deberán de rendir cuentas. Se imaginan lo que dirían y harían los dirigentes del PP si la Junta de Andalucía hubiese hecho y pagado con el dinero de los andaluces una campaña de publicidad de los 8 planes de empleo impulsados por la presidenta Susana Diaz, denominándolos planes PSOE: Planes de Soluciones y Orientación para el Empleo. ¿A que no cuela?
Esta forma de actuar de la derecha es costumbre donde mandan, donde sus alcaldes practican esa misma confusión de intereses de forma descarada. Le ha ocurrido al propio presidente del PP y alcalde de Roquetas de Mar con la obra del Auditorio de Roquetas, las licencias de construcción en la Fabriquilla, o con los intentos de desarrollar urbanísticamente las Salinas de Roquetas, donde personas y empresas relacionadas con Gabriel Amat tienen muchos intereses en juego que la justicia está indagando, y donde los socialistas vamos a defender los intereses generales de los almerienses en las instituciones y en los tribunales.
Otros ejemplos los encontramos en el alcalde de la Mojonera con su oscura relación con Gesponiente, en el alcalde de Níjar con las adjudicaciones de obras a la constructora Hispano-Almería y sus filiales, por las que deberá dar decenas de explicaciones a la opinión pública y en los juzgados, o en el alcalde de El Ejido con la urbanización de terrenos pertenecientes a sus sociedades familiares.
Y una más, en este caso de puerta giratoria. Hace más de 15 años un parlamentario del PP dejó su sillón en Sevilla a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, para pasar a dirigir una empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente en la época de Aznar. Este parlamentario era propietario, a través de una sociedad, de terrenos donde se terminó construyendo el hotel del Algarrobico. Ese Ministerio durante los gobiernos de Aznar, y siendo este señor cargo público de dicho Ministerio, guardó en un cajón el deslinde del dominio público de la playa del Algarrobico y no defendió con celo ese dominio público tal y como exigía la ley de Costas, posibilitando que se construyera el hotel en parte de esos 100 metros.
Ese alto cargo de ese Ministerio cambió en 2003 su despacho en la desaladora que construía Aznar en Carboneras por un despacho en las obras del hotel del Algarrobico, al ser contratado por la empresa que levantaba el hotel para dirigir esa construcción y sus intereses en la zona. ¿Lo pillan?
El PP, insisto, cree que las instituciones son su finca o su cortijo. Pero no lo son. Son el lugar donde están los intereses generales de todos los ciudadanos. Estoy seguro que entre todos se lo haremos saber, como se hacen saber las cosas en democracia, dejando fuera del tablero político a quienes tienen este tipo de comportamientos.
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