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JOSE Luis Raya de la CRuz Coordinador de UPyD en Almería
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Después de los últimos casos de denuncia de evasión de capitales y de sobornos ocurridos en Cataluña y tras la interminable saga de presuntos delincuentes relacionados con el caso de los EREs en Andalucía, la operación de esta mañana con cincuenta y tantos detenidos, amén de otros miles de casos denunciados en todo el territorio nacional en los que están involucrados de forma directa dirigentes políticos que ocupaban un cargo público, ya nadie duda de la existencia de una corrupción institucional, bien por acción o bien por omisión de control y fiscalización de lo público.
Me atrevería a afirmar que para cualquier español la devolución de lo robado es más importante que la condena por el delito cometido, y es por tanto que para los españoles es más importante evitar el delito que sancionarlo con penas más duras (cuestión también importante y necesaria); pero la realidad es que muy pocos se han atrevido a plantear un cambio legal que impida de forma efectiva esta corrupción (cambio de la ley electoral, control de lo público por la sociedad civil, devolución de las competencias fiscalizadoras de secretarios e interventores, ahora supeditados al poder político y meros denunciantes cualificados sin poder decisorio alguno, etc...). para evitarla en el
En cualquier caso, para desmontar el entramado de corrupción al que hemos llegado hay que conocer la forma de operar; el Modus Operandi de la “mordida a la española” en la adjudicación de obras y servicios, un caso especial del entramado corrupto de este país.
Para entenderla y sin ser exhaustivos, en primer lugar hay que considerar dos “axiomas” (verdades de sentido común); la primera verdad “no hay una sola empresa que pague sobornos sin obtener un beneficio a cambio”,, de tal modo que la empresa ha de ganar mucho más de lo supone la cuantía del soborno. Valga el siguiente ejemplo: cuando decimos que un encausado ha cobrado comisiones por valor de 5 millones, hay que considerar que la empresa obtuvo a cambio más de 15 millones de beneficios ilícitos, salidos del bolsillo de todos los contribuyentes (de todos los españoles). El segundo axioma deriva del primero, “para que exista mordida, es necesario que por el proyecto o el servicio se pague mucho mas de su valor de mercado”, se trata de obtener ese “beneficio” extra para pagar comisiones y además ganar más dinero, y para ello el proyecto o el servicio se ha de adjudicar por un valor muy superior al de mercado (el que dan las empresas legales) en una consideración aproximada, no se trata del “tres per sent”, para pagar este tres por ciento a los Pugoles, Barcenescos, etc..., los ciudadanos debemos pagar por la obra o el servicio en cuestión más de un 20% ó 25% de su coste real de mercado.
Obviamente además de esto, tiene que haber una empresa dispuesta a ello (por ganancia económica), una estructura política que la realice (con o sin ganancia personal), unos contratados (empleados de las instituciones que no son funcionarios) que actuarán desde el grado de justificadores hasta el de pasotas, y unos funcionarios somnolientos o interesados desde el punto de vista personal. Obviamente, debe existir también una obra o servicio público que sale a licitación o se contrata a dedo. En este caso, el ayuntamiento selecciona empresa y precio tras solicitar a varias candidatas (las que él elija) unas ofertas económicas entre las que decidirá, supuestamente, cuál es la más ventajosa. La corrupción aflora cuando alguna de esas empresas ofertantes emplea oscuras relaciones que le permiten amañar el valor de las cosas (con consentimiento municipal).
En el caso de que medie un concurso público, la cosa es un poco más compleja. En primer lugar, se otorga el proyecto a quien más puntuación obtenga. La puntuación suele depender de dos factores: la parte dependiente de fórmulas (el precio del proyecto) y la que asigna un grupo de expertos designados por el ayuntamiento entre técnicos propios o de empresas públicas dependientes de él. En cualquier caso para una obra al que haya que asignar como máximo 100 puntos, es frecuente que 60 o 70 puntos dependan del precio del proyecto (aunque la realidad es que se opera para que entre el segundo precio más caro y el segundo más barato apenas haya 25 0 30 puntos de diferencia) y sólo un 30 o 40 puntos de la valoración que los técnicos hagan del proyecto en lo que se llama la parte cualitativa (aquí suele haber 30 o 40 puntos de diferencia entre la obra más puntuada y la que menos se puntúe, por lo que suelen ser estos y la discrecionalidad/ciencia de los técnicos los que deciden quien se lleva la obra).
Dicho esto, parecería que lo importante es el menor precio, pero no lo es. Si así fuera, no podría haber comisión ilegal. Una empresa no puede hacer la obra más barata y además pagar una “mordida”, algo que contraviene la lógica matemática y empresarial. Es por tanto que, para que exista corrupción, la obra debe darse a un precio más elevado a la empresa previamente designada para que pague comisión, algo que se consigue por dos vías no excluyentes, y a menudo asociadas.
La primera, durante el proceso de licitación de la obra; amañando los resultados para dar la obra al postor asignado por el corrupto, mediante la manipulación de las puntuaciones que se otorgan a cada obra, de forma que se adjudica la obra a una de las empresas más caras.
También se puede asignar el proyecto a una oferta barata, y realizar más obra (construir menos) que la establecida en el proyecto (un ejemplo de libro es el Mesón Gitano, al que se le quita una planta, un muro,etc… y sigue costando lo mismo). O elevar el valor del proyecto por algo no contemplado, lo que le convierte en opaco a la fiscalización pública ( el paso subterráneo de la ctra. de Nijar paso de costar 2.5 a 3 millones porque se pagó a parte la reposición de servicios, esto en contra de la opinión del interventor municipal). Realizar un proyecto que en nada se parece al que se consignó es demasiado frecuente (el ultimo la calle Descanso en la que los vecinos ven como desaparecen las cosas que venían en proyecto, eso si, de forma argumentada, que el papel blanco aguanta cualquier tontería). ¿Quién no ha visto proyectos en los que se contemplaba excavación, algo que no se hizo, pero se pagó? ¿Quien no ha oído hablar de obras en las que finalmente se suprimen los adoquines, o se sustituyen por otros más baratos, o se entierran los cables de forma somera? La obra final no se parece en nada al proyecto aprobado, y todo queda en una nebulosa. El concejal responsable, si hay presión pública, alega que es cierto, pero que se ha hecho tal o cual cosa que no estaba en el proyecto, algo que por tanto no se puede fiscalizar ni ponderar. También se pueden anular una licitación porque no ha sido adjudicada la obra a quien el corrupto quería.
Obviamente, en todo lo anterior concurren valoraciones técnicas a favor de una u otra empresa. Por eso se precisa la aquiescencia de los técnicos designados, algo que es difícil pero no imposible, teniendo en cuenta que los sueldos municipales tienen un componente de asignación directa que depende de la autoridad política. Hay que tener en cuenta, también, que se emplean técnicos de empresas públicas que no son funcionarios y cuyo puesto depende de la voluntad política del concejal de turno.
Lo cierto es que, con las normas actuales, se puede adjudicar una obra más cara de lo debido a la empresa más proclive a pagar la “mordida”, puesto que ganará más de lo que invierte. Por eso, desde UPyD creemos necesario que todos los trabajadores que intervienen con poder decisorio en las licitaciones sean funcionarios, así como modificar la ley de la función pública para que el sueldo de los funcionarios no dependa tanto de la discrecionalidad política, y que los informes del secretario o interventor sean vinculantes. Tampoco sería mala idea cambiar el sistema electoral y que las listas abiertas, con sistemas que permitan la gobernabilidad, sean la practica habitual de nuestro sistema electoral.
José Luis Raya de la Cruz
Coordinador de UPyD en Almería
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