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Desde primera hora de la mañana del pasado martes corrían como la pólvora por las redes sociales unas imágenes tomadas por vecinos del barrio de Pescadería. En ellas varios policías municipales escoltaban a dos trabajadores de la empresa municipal AQUALIA en las puertas de diferentes edificios del barrio, presumiblemente mientras realizaban cortes del suministro de agua por impagos en los recibos.
La penosa imagen ponía de relieve la sensibilidad habitual de nuestro Ayuntamiento con los más desfavorecidos; si hace menos de dos semanas Aránzazu Martín, concejala de Asuntos Sociales y diputada andaluza, se vio “incapaz de encontrar familias susceptibles de recibir ayuda domiciliaria” (y eso que, según decía, había buscado hasta debajo de las piedras), este martes eran trabajadores dependientes del consistorio los que se enfrentaban a familias con una situación, podemos imaginar, mucho más que vulnerable.
Quizás si el área del que Aránzazu es responsable hubiera preguntado a la empresa que gestiona el suministro de agua las direcciones de viviendas con varios recibos adeudados, el Ayuntamiento no se hubiera tenido que ver obligado a devolver más de 400.000 eurosdel presupuesto que la Junta de Andalucía le transfirió para poner en marcha el decreto de exclusión social de 2013. Teniendo en cuenta que los últimos datos de la EPA reflejan que en nuestra provincia hay más de un 35% de personas desempleadas, no debería de ser tarea difícil encontrar familias que necesiten ayuda a domicilio en nuestro municipio.
¿Cuál es el problema entonces? ¿No debería de estar exigiendo un aumento en las partidas presupuestarias que recibe su concejalía en vez de permitirse el lujo de devolver dinero destinado a paliar la pobreza?Pues bien, si tenemos en cuenta que Aránzazu Martín es abogada de profesión, algo que más bien poco tiene que ver con la concejalía que dirige, podemos deducir que por muy concienciada que esté con la situación actual, pese a que no se desprenda de sus palabras, no tiene la formación necesaria para gestionar una respuesta eficaz a las necesidades de los almerienses en el momento en el que más necesitan la ayuda de su institución más próxima.
No me termina de quedar claro si la devolución del sobrante adolece a la eterna tensión entre el gobierno municipal y el gobierno autonómico o a la desgana de quienes deberían de haber hecho todo lo posible porque ese dinero llegase a quienes lo necesitan. Lo que si me queda claro es que las palabras de la concejala desprenden una total falta de contacto con la realidad en la que viven los ciudadanos para los que en teoría trabaja, quizás justificada por su condición de pluriempleada; concejala, diputada autonómica y levantadora de piedras a tiempo completo.
Parece algo propio del ADN municipal que se coloque a personas sin la formación pertinente al frente de áreas como Asuntos Sociales, Medio Ambiente o Participación Ciudadana. Cuando se ganan unas elecciones con mayoría absoluta y llega el momento de repartirse el pastel, parece que prima más contentar a determinadas personas con cargos que supongan mayor retribución que el amoldar a los más adecuados a las distintas responsabilidades municipales. Como siempre el pato lo acaba pagando la ciudadanía; esta vez perdiendo una ayuda que podría haber aliviado el sueño de un par de miles de familias. ¿Qué tocará mañana?
Juan D Gómez
Estudiante de Trabajo Social
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