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Les propongo hoy un sencillo ejercicio para que vean las razones por las cuales el Sr. Amat debería marcharse. Entren en internet, pongan en el buscador de Google o Yahoo el nombre de Gabriel Amat y denle a aceptar. A pesar de lo que se preocupa desde hace años por que cuiden su imagen pública, todas las noticias que aparecen sobre el presidente del PP de Almería, alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación provincial, son demoledoras. Léanlas con detenimiento.
Algunos de los enlaces nos llevan, por ejemplo, a noticias encadenadas del diario El País que terminan haciendo un currículum periodístico de su trayectoria política, así como a informaciones con titulares del tipo: la red corrupta; "La juez imputa a Gabriel Amat y seis ediles de Roquetas; Un juzgado de Roquetas investiga una trama societaria en torno a familiares y amistades de Gabriel Amat" o La familia extendida de Gabriel Amat. También aparecen otros como el "malayo" Tomás Olivo, beneficiado con la concesión de un centro comercial en Roquetas" y "Gabriel Amat en el intermedio".
Gabriel Amat es el máximo responsable de dos instituciones, que quiera o no, están por encima de su persona y de su partido, cuya imagen resulta gravemente dañada por todas esas publicaciones de sus avatares políticos, motivo más que suficiente para irse tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, dos administraciones públicas a las que con la decisión de dimitir prestaría un gran servicio.
Son múltiples las causas judiciales abiertas en los juzgados de la provincia de Almería que se le acumulan al Partido Popular por diversos asuntos. Las hay por una supuesta financiación irregular, por irregulares urbanísticas y por ilegalidades en la adjudicación de obras públicas. En muchas de esas causas judiciales hay un elemento común: Gabriel Amat y su gestión al frente del ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Por ser alcalde y presidente del PP de Almería se ve afectado por la investigación de una posible financiación ilegal de su partido por empresas como Hispano Almería u otras a las que les adjudicaban obra pública. También por presuntas irregularidades urbanísticas ha sido imputado, junto a seis concejales del PP en Roquetas de Mar, por dar la licencia que permitió la construcción de diez chalés de lujo en la finca La Fabriquilla sobre un suelo que al parecer no lo permitía.
Pero hay muchos más casos polémicos en materia urbanística: el del Centro Comercial Gran Plaza, los acantilados de Aguadulce, donde la justicia ha dicho que actuó de manera ilegal; la reparcelación de las Salinas o los edificios construidos en Roquetas de Mar por empresas vinculadas a su familia o amigos.
Así mismo, su gestión al frente del Ayuntamiento ha sido señalada por ilegalidades en la adjudicación de obra pública tal y como ocurre con el conocido como caso Auditorio, en el que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que fue ilegal que se aumentara el precio de las obras- de siete a más de quince millones- con informes en contra, adjudicando a dedo ese incremento tan descomunal sin concurso público.
La imputación en el caso de la Fabriquilla no es, por lo tanto, un hecho aislado. Es un caso más que se suma a un rosario bien hilvanado de asuntos relacionados con el urbanismo y la obra pública, que se miren como se miren, políticamente dan una muy mala imagen a Almería y a Roquetas de Mar.
Ante todo esto, el presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas debería marcharse para dedicar todos sus esfuerzos a defenderse, dejando de dañar la imagen de la provincia y de su municipio. Con la imagen del Partido Popular no creo que pueda hacer gran cosa ya que se encuentra achicharrada por el propio Rajoy, la Gürtel, Bárcenas o Ana Mato. También por lo hecho por Rodrigo Rato, Blesa y las famosas tarjetas black; por Acebes y, así mismo, por el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, y la red que la policía ha desenmascarado esta semana.
Más allá de lo que la justicia diga, cuando lo dictamine -eso es competencia de los jueces- en el ámbito de la política y de los políticos, en estos casos y cuando la imagen personal, por las razones que sean, daña gravemente la de las instituciones, lo mejor que se puede hacer es marcharse. Amat está en esa situación, debe dimitir. Que quiera verlo o no es otra cosa.
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