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El 17 de noviembre de 2011, tres días antes de que el PP ganara las elecciones generales, Mariano Rajoy lanzaba un aviso a navegantes. En una entrevista, el que terminaría convirtiéndose en el presidente que más daño a hecho al Estado del Bienestar en la historia reciente de este país pronunciaba unas palabras que, vistas desde la distancia, suenan aún más terribles que entonces: “La dependencia no es viable”. Aquella mentira fue el aviso. Lo que vino después fue el recorte, por todos los flancos posibles, de un derecho que los españoles creíamos que habíamos conquistado.
El reconocimiento del derecho de los dependientes a ser atendidos –y es muy probable que la mayoría lo terminemos siendo al final de nuestra vida– era uno de los pasos de gigante que había dado España, en la Legislatura precedente, con el Gobierno socialista. Hasta entonces, estos cuidados dependían de que la persona en cuestión tuviera la renta suficiente como para poder pagarlos. En caso contrario, los familiares, y muy especialmente las mujeres, se veían en la tesitura de tener que hacerse cargo del dependiente, sin recibir remuneración ninguna y teniendo que renunciar, en muchos casos, a su vida laboral.
La Ley de Dependencia puso fin a aquella injusticia, reconociendo el derecho de los dependientes a ser atendidos y el derecho de los cuidadores a que su trabajo fuera remunerado. Nos colocamos a la vanguardia de Europa –también en este aspecto–, pero la alegría duró hasta que llegó el Partido Popular.
Con la entrada de Rajoy en el Gobierno, la incorporación de nuevos dependientes al sistema se paralizó, las prestaciones se recortaron de manera vergonzosa, el Estado dejó de asumir las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores provocando que muchos de ellos –muchas de ellas– se dieran de baja por no poder asumir los costes…
El Gobierno de Rajoy nunca dijo abiertamente que quería cargarse la Ley de Dependencia, pero ha intentado acabar con ella de todas las maneras posibles. También lo ha hecho a través de una vía muy sutil: la de recortar la financiación.
La propia Ley fijaba que la financiación de la dependencia sería asumida al 50% por el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Gobierno del PP ha ido reduciendo su aportación año tras año. A medida que esto se iba produciendo, y gracias al compromiso de Susana Díaz de que en Andalucía no se iba a dejar caer esta Ley, la Junta ha ido incrementando progresivamente su aportación, hasta el punto de que nuestra comunidad autónoma cerró 2014 financiando más de un 78% del sistema y el Estado menos de un 22%.
Quitarle a una ley la financiación es una forma eficaz y silenciosa de derogarla en la práctica. Sin embargo, con lo que no contaba Rajoy era con que los andaluces no tenemos miedo a elegir nuestro propio camino.
Así, las zancadillas de Rajoy a la Dependencia han herido a esta Ley de muerte. Las cifras de aplicación deben de ser malas hasta tal punto que, a día de hoy, el IMSERSO sigue sin publicar las estadísticas. En ocho años, es la primera vez que esto sucede. Además, el Gobierno está intentando maquillar los resultados, al sugerir a las Comunidades Autónomas que incorporen datos de personas que tengan otras ayudas sociales o incluso que no quiten a los que hayan fallecido, para que hagan bulto. Así como lo leen.
Afortunadamente, en Andalucía no tenemos que inflar ninguna cifra. Sólo en la provincia de Almería, el año pasado fueron valoradas casi 6.500 personas. El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia aumentó en 2014, hasta situarse en más de 15.800 personas. Aumentaron los beneficiarios de la teleasistencia y los que tienen plaza en centros de día y residencias. En Andalucía no vamos a dar ni un paso atrás. Hemos actuado como muro de contención de los recortes y lo seguiremos haciendo, por más disgustos que se lleven algunos. No vamos a permitir que nos quiten lo que una vez conseguimos.
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