El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, han firmado un convenio de colaboración para que los menores infractores puedan realizar trabajos en beneficio de la comunidad. De esta forma, ambas administraciones cooperarán en la ejecución de medidas judiciales impuestas jóvenes que residan en la capital.
El acuerdo tiene como fin conseguir una intervención más eficaz con menores que están sujetos a medidas judiciales adoptadas por los órganos judiciales como consecuencia de un conducta infractora. Las medidas son impuestas por el Juzgado de Menores y están previstas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Entre ellas, se encuentran medidas en medio abierto, como la Prestación en Beneficio de la Comunidad y el trabajo en mejorar las competencias socioeducativas de los chicos y chicas que hayan cometido una infracción, a menudo relacionada con daños al mobiliario urbano o infracciones de tráfico, entre otras.
La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha explicado que “podrán realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza, mantenimiento de jardines, parques, espacios públicos y mobiliario, apoyo a los servicios de Protección Civil o acompañamiento a personas mayores o con discapacidad”. Una medida que se podrá aplicar en los casos de “infracción leve para que el menor comprenda que el hecho delictivo tiene unas consecuencias y pueda resarcir el daño”.
La regidora ha querido aprovechar la oportunidad para “dar la bienvenida a Rebeca Gómez como nueva delegada”, al tiempo que se ha mostrado “segura de la gran labor que las dos administraciones van a desarrollar de forma conjunta”.
Sin retribución
La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, por su parte, ha señalado que “la Prestación en Beneficio de la Comunidad es una medida judicial impuesta por el Juzgado de Menores que consiste en desarrollar una actividad en beneficio de colectivos específicos, al objeto de conseguir la responsabilización del menor, que comprenda las consecuencias negativas derivadas de su conducta, que entienda que merece un reproche formal de la sociedad y que debe reparar el daño causado”.
Asimismo, ha indicado que “las actividades no son retribuidas, han de conciliarse con los estudios del menor y se adaptan a su perfil, desarrollándose en todo caso con supervisión por un responsable municipal”. Desde los recursos de la Delegación de Justicia se trabaja además con el entorno familiar de los menores que hayan de cumplir las referidas medidas.
Hasta la fecha, los menores residentes en la capital a los que el Juzgado les imponía una medida de Prestaciones en Beneficio a la Comunidad tenían que desplazarse a otras localidades para su cumplimiento, pudiendo a partir de ahora realizarlas en los recursos dependientes del Ayuntamiento que más se ajusten al perfil y características del menor infractor. Actualmente hay activas 110 medidas en medio abierto en la provincia, y 34 Ayuntamientos adheridos al convenio.
La duración del convenio con el Ayuntamiento de Almería se extenderá durante cuatro años, si bien se contempla la posibilidad de prorrogarlo durante cuatro más. En el caso de la Junta, el acuerdo implica la programación y el desarrollo de proyectos de trabajo individual de los menores, así como el seguimiento directo de la realización de la medida adoptada por la autoridad judicial, evaluando su efectividad y la detección de otros apoyos socioeducativos.
El Ayuntamiento tendrá que elaborar una propuesta de tareas y actividades que se puedan realizar por parte de los menores, aportar el uso de locales y medios necesarios, prestar asesoramiento sobre el procedimiento y la metodología para ejecutar las actividades y elaborar un informe que valore el grado de cumplimiento para posibilitar los controles en sus domicilios familiares.
