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La política de subida indiscriminada de impuestos, copagos y recorte de derechos que estamos padeciendo los ciudadanos se sustenta en un simple argumento: que ésta es la única vía posible para salir de la crisis. Sin embargo, este axioma no se tiene en pie, como se demuestra a poco que rasquemos un poco la superficie.
El desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado con el que el PP intenta justificar sus medidas no responde a hayamos gastado más de lo que podíamos, como pretenden hacernos creer, sino a que los ingresos que recibe el Estado hoy son insuficientes, en buena parte porque han caído en picado durante la crisis.
Ante ese desequilibrio, caben dos opciones: reducir gastos sociales y aumentar los impuestos con carácter general, que es lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy, o mantener la protección de los ciudadanos, buscando la manera de aumentar los ingresos de manera justa. Y al escribir “justa” me refiero a que implique que todos paguen, y que paguen más quienes más tienen.
Para que aumenten los ingresos en las arcas públicas no es necesario subir las rentas del trabajo, que es el camino que ha tomado el PP, sino tapar los agujeros de nuestro sistema fiscal, que permite que, de cada 10 euros que se recaudan, 9 los aporten las rentas del trabajo medias y bajas.
Alfredo Pérez Rubalcaba presentó hace unos días las grandes líneas de la reforma fiscal que proponemos los socialistas, una reforma que permitiría recaudar más, sin que el precio tuvieran que pagarlo los de siempre. Una reforma que, además, sería perfectamente aplicable, puesto que muchas de sus medidas funcionan ya en países como Holanda o Canadá.
Para empezar, creemos que es necesario acabar con la separación que existe actualmente en la tributación de la renta y del patrimonio; proponemos que ambos conceptos tributen por el mismo impuesto. Además, defendemos que tanto las rentas del trabajo como las del capital paguen lo mismo, y se ponga fin a lo que creemos que es una injusticia. Por otra parte, habría que incrementar la progresividad del impuesto de sociedades, eliminando privilegios fiscales que sólo benefician a las grandes empresas y sociedades, y aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Con todo ello conseguiríamos, por un lado, que España obtenga los recursos que necesita para mantener la protección social y, por otro, que cada ciudadano y empresa contribuyan al Estado de forma justa, en función de sus ingresos y de su riqueza.
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